La Corte Penal Internacional rechazó autorizar la apelación presentada por la defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte contra la decisión que lo declaró en condiciones de participar en la fase preliminar del proceso que enfrenta por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la llamada guerra contra las drogas en Filipinas.
La Sala de Cuestiones Preliminares desestimó los cuatro argumentos planteados por la defensa para controvertir la decisión adoptada en enero, en la que los jueces concluyeron que el exmandatario puede intervenir en las actuaciones previas a una eventual confirmación de cargos. Las audiencias correspondientes están programadas para iniciar el 23 de febrero.
Según la defensa, la decisión inicial contenía errores de hecho y de derecho al, presuntamente, omitir pruebas clínicas sobre una supuesta falta de aptitud del exgobernante. También cuestionó que no se hubiera realizado una audiencia para examinar a los expertos médicos, que el razonamiento judicial no habría sido expuesto de manera coherente y que no se valoró el impacto de la conclusión sobre la capacidad futura de Duterte para enfrentar un juicio.
En su nueva decisión, los jueces indicaron que los informes médicos presentados sí fueron considerados y que sirvieron como base para ordenar un examen independiente. Dicho análisis fue realizado por un panel de tres especialistas designados por la Corte. La Sala explicó que optó por fundamentar su conclusión en la evaluación de ese equipo con el fin de asegurar imparcialidad en la valoración médica.
Frente a la solicitud de interrogar a los expertos en audiencia, el tribunal señaló que ya había revisado las supuestas contradicciones entre los informes disponibles y concluyó que las conclusiones del panel resultaban fiables. Añadió que se aplicó el estándar jurídico correspondiente y que se examinó de manera detallada la información clínica antes de determinar que el exmandatario puede ejercer sus derechos procesales durante la fase preliminar.
Sobre el argumento relativo a la eventual aptitud para afrontar un juicio futuro, la Sala consideró que se trata de una cuestión hipotética, debido a que aún no se ha definido si los cargos serán confirmados. Precisó además que su determinación actual no anticipa una conclusión sobre la capacidad del acusado en etapas posteriores y que el asunto podría revisarse si las circunstancias lo requieren.
En una decisión separada, los jueces autorizaron la participación de 500 nuevas víctimas en la fase preliminar dentro del denominado Grupo A, categoría que reúne a solicitantes que cumplen los criterios establecidos para ser reconocidos como víctimas en el proceso. Estas se suman a otras 39 personas cuya participación fue aprobada en enero.
Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado en cumplimiento de una orden de arresto y trasladado a La Haya. Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su gestión como alcalde de Davao y posteriormente como presidente de Filipinas.
