Durante la posesión del magistrado Víctor Julio Usme en la Corte Suprema de Justicia, la Corporación judicial dejó entrever una posición crítica frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, luego de que el Senado negara su trámite el pasado 14 de mayo.
El acto protocolario, en el que el nuevo Magistrado decidió jurar ante la Corte y no ante el jefe del Ejecutivo, fue acompañado de un discurso del presidente de la Corporación, Octavio Augusto Tejeiro, en el que defendió el respeto por el equilibrio de poderes y la necesidad de cooperación institucional entre las ramas del poder público.
“Cuando trabajan armónicamente los poderes, cuando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cumplen sus funciones con objetivos comunes que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, se pueden lograr cambios positivos”, afirmó Tejeiro. El Magistrado resaltó que los avances significativos y las reformas han surgido del diálogo y no de la imposición, y sostuvo que la independencia judicial debe ser respetada como pilar de la democracia.
Por su parte, el magistrado Usme, en su intervención, subrayó la importancia de la defensa del equilibrio institucional, al afirmar que dicho principio “no es un gesto simbólico”. Su declaración se produjo en medio del debate jurídico y político que ha generado el intento del Gobierno de avanzar con la consulta popular para retomar el proyecto de reforma laboral, a pesar de la negativa del Senado.
El Ejecutivo argumenta que la iniciativa puede seguir adelante con base en el artículo 241.3 de la Constitución Política, el cual establece que la Corte Constitucional es la encargada de revisar la constitucionalidad de las consultas populares y los plebiscitos de orden nacional.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sostenido que el decreto de convocatoria, las preguntas formuladas, la solicitud del Presidente y sus ministros, así como el trámite legislativo, hacen parte de un solo proceso, razón por la cual, en su concepto, la competencia para revisar su legalidad corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional.
“El control debe estar en la Corte Constitucional”, dijo Benedetti, quien también manifestó que “ningún dictador acude a la Corte Constitucional, a la participación ciudadana, al Estado social de derecho”.
Mientras tanto, el Senado continúa con la discusión de un nuevo proyecto de reforma laboral, diferente al que había sido rechazado en votación anterior, y que ya pasó su tercer debate en la Cámara alta. El ambiente político permanece marcado por la controversia alrededor del alcance de las facultades presidenciales y el rol del Congreso en la aprobación de mecanismos de participación ciudadana.
