La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro de la investigación que se adelanta por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Con esta decisión, el alto tribunal determinó que el funcionario continuará en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial relacionado con la adquisición de un inmueble en el departamento del Atlántico.
La providencia señala que no se cumplen los presupuestos constitucionales y legales para ordenar una detención preventiva. En particular, la Sala concluyó que no existe evidencia que permita inferir riesgos de obstrucción a la justicia, evasión del proceso o reiteración de conductas delictivas por parte del investigado.
En ese sentido, el tribunal indicó que no cuenta con información que permita formular un pronóstico negativo sobre el comportamiento procesal del aforado.
El expediente examina la situación patrimonial y financiera de Benedetti durante el periodo en el que ejerció funciones como congresista, hasta el año 2018. De acuerdo con el documento judicial, la investigación se relaciona con la compra, en octubre de 2020, de un inmueble ubicado en la urbanización Prado Mar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, adquisición que figura a nombre de Adelina Guerrero, cónyuge del actual ministro del Interior.
Las autoridades judiciales han evaluado el origen de los recursos utilizados para esa compra, así como otros gastos y variaciones patrimoniales que, según el proceso, requerían justificación.
No obstante, la Sala de Instrucción consideró que, en esta etapa, no se reúnen los elementos probatorios exigidos para imponer una medida cautelar por el delito de lavado de activos. En relación con el presunto enriquecimiento ilícito, el alto tribunal también concluyó que la medida de detención preventiva no resulta procedente.
La decisión se produjo durante la definición de la situación jurídica del ministro, en una sesión de la Sala de Instrucción en la que, según se conoció, no hubo oposición a mantenerlo en libertad. Los magistrados evaluaron si existían indicios de que el funcionario pudiera interferir en el desarrollo de las pesquisas, sin que se encontraran elementos que sustentaran esa posibilidad.
En este trámite no participó la magistrada Cristina Lombana, quien inicialmente tenía el proceso en su despacho. La togada fue apartada del caso tras una recusación presentada por la defensa de Benedetti, lo que llevó a que el expediente quedara bajo la ponencia del magistrado César Reyes.
La investigación continuará su curso en la Corte Suprema de Justicia, con Benedetti en libertad y sujeto a los requerimientos del proceso, mientras el alto tribunal avanza en la recolección y valoración de las pruebas relacionadas con su situación patrimonial.
