La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia presentó este lunes 26 de mayo un escrito de acusación formal contra los representantes a la Cámara Johany Carlos Alberto Palacios, del Partido Liberal, y Mary Anne Andrea Perdomo, del Pacto Histórico, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración pública.
El alto tribunal encontró méritos para llevarlos a juicio por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En el caso de Mary Anne Perdomo, representante por Santander elegida en 2022, las acusaciones se originan en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según los hallazgos judiciales, la congresista permitió el ingreso de Laura Fernanda Rueda Guerrero como asesora, en reemplazo de María Isabel Rueda Guerrero, sin que existiera sustento legal para el cambio. Esto generó, según el Consejo de Estado, un pago indebido de 102 millones de pesos provenientes del erario.
El fallo que respaldó esta conclusión fue emitido el 10 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, que declaró la pérdida de investidura de Perdomo, al considerar que incurrió en la destinación indebida de fondos públicos entre julio de 2022 y enero de 2023, en contravía del artículo 183.4 de la Constitución.
Por su parte, Johany Palacios, quien representa al departamento del Chocó, enfrenta un proceso penal por hechos ocurridos durante su anterior gestión como gobernador. La Corte Suprema lo señala por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de obra pública para la mejora de la plaza de mercado del municipio de Istmina, y su respectiva interventoría, a través del Consorcio Plaza de Mercado Istmina.
La investigación apunta a un posible detrimento patrimonial que supera los 1.082 millones de pesos. Según el comunicado emitido por el alto tribunal el 10 de abril, los cargos se formularon por la presunta celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Ambos procesos avanzan en la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de juzgar a los congresistas debido a su fuero constitucional. Las autoridades judiciales adelantan las respectivas diligencias con base en el material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación.
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