La Corte Suprema de Justicia comunicó que fijó para el próximo jueves 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, el inicio formal del proceso judicial contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).
Es de recordar que fue señalado como uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en siglas UNGRD.
Se supo además que la audiencia se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal y será el inicio de la etapa de juicio contra el exfuncionario del Gobierno actual, que cabe recordar, en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia y reside en Nicaragua, país al que viajó tras solicitar asilo político.
La decisión se dio luego de que la Corte dejara en firme la orden de captura contra él y luego rechazara una acción de tutela con la que su defensa buscaba suspender la medida de aseguramiento impuesta en su contra; así mismo, un hecho que agrava más la situación es que el exdirector del Dapre tiene además una circular roja de Interpol, por abandonar el país en medio del avance de las investigaciones.
Así mismo, y de acuerdo al material probatorio que tiene la Fiscalía General de la Nación, Carlos Ramón González habría sido una de las piezas centrales del entramado de corrupción que operó al interior de la UNGRD, mediante el cual se habrían direccionado contratos públicos para comprar apoyos políticos en el Congreso y facilitar la aprobación de la agenda legislativa del Gobierno nacional.
Incluso, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, lo señaló como el “cerebro” de la estructura criminal y, tras firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, se comprometió a revelar detalles del esquema, donde se incluyó a cerca de 45 personas, donde se incluye a contratistas, funcionarios públicos, congresistas, enlaces legislativos, ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.
Por otra parte, las investigaciones indicaron que González presuntamente habría impartido instrucciones para sobornar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota mientras avanzan los procesos en su contra.
De igual manera, el Tribunal Superior de Bogotá avaló los argumentos de la Fiscalía y ordenó la captura de González, al considerar que representaba un peligro para la sociedad y para la administración pública, debido al alcance del daño a terceros que habría causado.
Pero, como se expresó al inicio, el exfuncionario salió del país con destino a Nicaragua, donde ha sido visto participando en reuniones sociales, incluida una fiesta de fin de año que generó varias polémicas.
A lo que su abogado, Iván Cancino, respondió públicamente que González ahora reside en Nicaragua y que es blanco de persecución política, argumento que ha sido rechazado por las autoridades judiciales colombianas.
