La Corte Suprema de Justicia anuló la condena contra Gustavo Sastoque, exagente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien había sido sentenciado en 1997 por su presunta participación en el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 y hermano de Carlos Pizarro.
La decisión se fundamenta en nuevas pruebas y en testimonios de exintegrantes de las Farc, quienes, dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconocieron su responsabilidad en el crimen.
El homicidio de Hernando Pizarro ocurrió el 25 de febrero de 1995 en Bogotá, un hecho que desde sus primeras investigaciones estuvo rodeado de controversias y cuestionamientos judiciales.
Durante más de dos décadas, Sastoque insistió en su inocencia, denunciando que fue víctima de un montaje judicial basado en pruebas inconsistentes y testimonios contradictorios.
Desde el inicio de la investigación, la acusación contra el exagente del CTI estuvo sustentada en indicios circunstanciales que, con el tiempo, fueron objeto de debate. La defensa de Sastoque argumentó que las pruebas en su contra fueron manipuladas y que las autoridades ignoraron elementos clave que demostraban su ajenidad con el asesinato de Pizarro.
Durante años, distintas instancias judiciales negaron la posibilidad de una revisión del caso, pese a los reiterados intentos de la defensa por demostrar las inconsistencias en el expediente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó el proceso y señaló posibles vulneraciones al debido proceso, lo que reforzó las dudas sobre la legitimidad del fallo.
El giro en el caso se dio cuando excombatientes de las Farc reconocieron ante la JEP que el crimen de Hernando Pizarro fue cometido por su estructura armada y no por agentes del Estado, como se había señalado en la acusación contra Sastoque.
Estas declaraciones, sumadas a nuevas pruebas periciales, fueron determinantes para que la Corte Suprema de Justicia anulara la condena. Con la decisión, se abre un nuevo capítulo en el caso, pues ahora corresponderá revisar el expediente y determinar si hay lugar a nuevas acciones judiciales.
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