Héctor Alfonso Carvajal Londoño, abogado recientemente elegido como magistrado de la Corte Constitucional, figura como contratista en varias entidades públicas con acuerdos vigentes durante el año 2024, situación que podría derivar en un conflicto de interés en el marco del estudio de la reforma pensional aprobado por el Congreso.
Entre los contratos suscritos por Carvajal se encuentra uno con Colpensiones, por un valor de 223 millones de pesos, destinado a la prestación de servicios de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y gestión pública.
Dentro de las funciones asignadas, el abogado elaboró conceptos jurídicos relacionados con proyectos de actos legislativos y leyes, entre ellas la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional. También participó en la contestación de demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra esta norma.
Además del contrato con Colpensiones, Carvajal mantiene otros acuerdos contractuales con entidades como la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Federación Colombiana de Municipios. Estos contratos suman un total de 858 millones de pesos.
El contrato con la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, firmado el 25 de febrero de 2024 y vigente hasta el 24 de octubre del mismo año, fue por 229 millones de pesos y estuvo relacionado con asesorías en derecho administrativo sobre el monopolio de licores y alcoholes potables en el departamento. El pago mensual acordado fue de 28 millones de pesos.
Con la CAR de Cundinamarca, Carvajal firmó un contrato por 169 millones de pesos con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025. El objeto de este acuerdo incluye representación judicial y extrajudicial en procesos de derecho contencioso administrativo y acompañamiento jurídico a la Dirección de la entidad.
Por último, figura un contrato con la Federación Colombiana de Municipios por 165 millones de pesos, cuyo objetivo fue brindar apoyo jurídico a la gestión pública. Este convenio estuvo vigente hasta el 29 de diciembre de 2024 e incluyó pagos mensuales de 15 millones de pesos.
El informe de terminación del contrato 070 de 2024, suscrito con Colpensiones, indica que Carvajal elaboró conceptos jurídicos sobre la reforma pensional. Esta participación ha generado inquietudes sobre su posible impedimento para intervenir en el estudio de constitucionalidad de la norma.
De acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, si el magistrado electo emitió conceptos jurídicos sobre la Ley 2381 de 2024, tendría que declararse impedido o podría ser recusado en la Sala Plena.
A estos posibles impedimentos se suma la obligación legal de renunciar a los contratos vigentes con entidades públicas antes de asumir su cargo como magistrado. Según explicó Guerrero, Carvajal no podrá continuar prestando servicios jurídicos al Estado una vez tome posesión, aunque podrá ejercer actividades académicas como docente.
Cabe recordar que la reforma pensional será objeto de análisis en la Corte a partir del 29 de mayo de 2024. Esta norma, que busca crear un sistema de atención integral para la vejez, ha sido demandada por diferentes actores, entre ellos la senadora Paloma Valencia, quien argumenta un vicio de trámite por la supuesta omisión de más de 500 proposiciones en el segundo debate en la Cámara de Representantes.
La ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez acoge este argumento y solicita la anulación de la ley por considerar que existe un vicio de trámite insubsanable.
El proceso deberá resolverse antes de septiembre de 2025, aunque la Sala Plena buscaría emitir un fallo antes del 1 de julio, fecha en la que está previsto que la reforma entre en vigor.
Actualmente, hay ocho magistrados habilitados para participar en el debate, sin embargo, la magistrada Diana Fajardo se declaró impedida y Carolina Ramírez Pérez ocupa temporalmente la vacante de Cristina Pardo. Para que la ponencia de Ibáñez prospere, se requiere una mayoría de cinco votos favorables.
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