La Contraloría General de la República abrió una revisión sobre una reciente operación de deuda pública adelantada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionada con la colocación de títulos de tesorería por un monto cercano a los $23 billones.
El organismo de control pidió explicaciones formales tras recibir denuncias ciudadanas y advertencias del mercado sobre posibles condiciones atípicas en la transacción.
De acuerdo con la información conocida, la operación se habría realizado el 19 de diciembre y estaría asociada a tasas de interés superiores a las observadas en el mercado secundario de deuda pública.
Las alertas señalan que la colocación pudo haberse efectuado por fuera de los programas habituales de emisión, lo que llevó a la Contraloría a requerir documentación detallada para establecer la naturaleza y el alcance del movimiento financiero.
En una comunicación dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, el ente de control informó que el oficio fue registrado en el Sistema de Información de Participación Ciudadana y remitido a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. Esa dependencia designó a una funcionaria encargada de adelantar el análisis técnico del caso, con base en la información que entregue la cartera económica.
La denuncia que dio origen al requerimiento advierte que, en esa fecha, se habrían registrado operaciones por más de $20 billones con tasas alrededor de 40 puntos básicos por encima del promedio de mercado, sin que se hubiera expuesto un criterio técnico que justificara esas condiciones. Según el texto, la operación no correspondería a los mecanismos ordinarios de colocación de TES, lo que podría tener implicaciones fiscales.
A partir de ese planteamiento, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda precisar si la operación correspondió a una nueva emisión de deuda o a la venta de títulos que ya hacían parte del portafolio de la Tesorería General de la Nación. Esa distinción resulta clave para evaluar tanto el impacto fiscal como la legalidad del procedimiento utilizado.
El organismo también pidió detallar el monto vendido por cada referencia de TES B involucrada, indicando el valor nominal, el valor de mercado y la tasa de interés aplicada. En caso de que se trate de una venta de títulos del portafolio, se solicitó informar el valor de compra original de esos papeles, con el fin de establecer si la operación generó pérdidas o afectaciones patrimoniales para el Estado.
Otro de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con la identidad del comprador y las razones que motivaron la transacción en las condiciones denunciadas. En ese sentido, la Contraloría preguntó de forma expresa quién adquirió los títulos y cuál fue el criterio que llevó al Ministerio a estructurar la operación de esa manera, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los principios que rigen el manejo de la deuda pública.
El oficio recuerda que las actuaciones derivadas de quejas y denuncias se rigen por la Ley 1437 de 2011 y la Resolución Orgánica 0665 de 2018. Con base en esas normas, el Ministerio de Hacienda cuenta con un plazo de dos días hábiles para remitir la información solicitada a través de los canales oficiales del ente de control.
