La implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes quedó en entredicho tras un informe de la Contraloría General de la República que desvirtúa la versión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y advierte sobre demoras, riesgos fiscales y eventuales sobrecostos asociados al proyecto.
El pronunciamiento del ente de control, volvió a plantear un escenario distinto al expuesto por la Cancillería, que había descartado retrasos y problemas financieros en el proceso.
Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública, fue el encargado de enviarle una carta de siete páginas a la canciller Rosa Villavicencio.
De acuerdo con el análisis fiscal, persisten fallas estructurales en la planeación y ejecución del modelo, reflejadas en el incumplimiento de plazos, modificaciones reiteradas de cronogramas y ausencia de estimaciones completas de costos. La Contraloría sostiene que estas situaciones comprometen la continuidad del servicio y generan presiones adicionales sobre el presupuesto nacional, en particular sobre los recursos administrados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El informe detalla que varias actividades clave del proyecto han sido prorrogadas en más de una ocasión sin que se cumplan los hitos establecidos, lo que afecta la viabilidad de las fases siguientes. Estas demoras, documentadas a partir de los cronogramas oficiales y de los radicados internos analizados por el organismo de control, constituyen un riesgo operativo que se agrava en tareas que son condición para avanzar en la implementación integral del sistema.
En el componente financiero, la Contraloría advierte que no existe una estimación completa y clara de los costos asociados al nuevo modelo de pasaportes. A ello se suma el aumento de gastos operativos y la exposición al riesgo cambiario, factores que podrían alterar las fuentes de financiación y generar impactos no previstos en el presupuesto público. El ente fiscal señala que estas variables no han sido abordadas de manera suficiente por la entidad ejecutora.
Otro punto crítico identificado es el uso de mecanismos transitorios y contratos temporales para garantizar la prestación del servicio mientras se avanza en el nuevo esquema. Para la Contraloría, esta práctica evidencia una gestión insuficiente del proyecto y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y el cumplimiento de sus objetivos esenciales, en un servicio que tiene carácter estratégico para la ciudadanía.
El órgano de control enfatiza que sus observaciones se enmarcan en un ejercicio preventivo y concomitante de control fiscal, cuyo propósito es advertir de manera oportuna sobre riesgos que puedan derivar en la pérdida de recursos públicos o en afectaciones a los intereses patrimoniales del Estado. En ese sentido, subraya que los hallazgos no corresponden a proyecciones hipotéticas, sino a situaciones verificables y en curso.
En una comunicación dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mary, la Contraloría fue explícita al señalar que no resulta jurídicamente acertado afirmar que no existen retrasos ni riesgos financieros u operativos.
Según el documento, estos riesgos han sido advertidos y documentados formalmente tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, cuya ejecución sigue marcada por la incertidumbre financiera y el incumplimiento de los plazos previstos.
