La Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, en el proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación, adopte una estrategia responsable, austera y equilibrada, en un contexto marcado por el desequilibrio aprobado para la vigencia de 2026.
De acuerdo con el órgano de control, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo le resta la alternativa de realizar un recorte del gasto para el próximo año, luego de que el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General con una brecha entre fuentes y usos. Según las cifras oficiales, los ingresos fueron aprobados por un monto de 530,7 billones de pesos, mientras que los gastos ascienden a 546,9 billones de pesos.
El cierre de esta diferencia dependía de la aprobación de una Ley de Financiamiento por 16,29 billones de pesos, iniciativa que fue negada y archivada de manera definitiva en el trámite legislativo. Ante este escenario, la Contraloría considera que el ajuste del gasto se convierte en la opción más viable para atender el desbalance presupuestal.
No obstante, el ente de control advirtió que cualquier recorte debe considerar las inflexibilidades que caracterizan la composición del presupuesto. Según información del propio Ministerio de Hacienda, cerca del 92 % del Presupuesto General de la Nación es inmodificable, lo que reduce el margen de maniobra para realizar ajustes significativos.
Para el año 2026, la estructura del presupuesto se distribuye de la siguiente manera: el 65,5 % corresponde a gastos de funcionamiento, equivalentes a 358,1 billones de pesos; el 18,4 % se destina al servicio de la deuda, por un monto de 100,4 billones de pesos; y el 16,1 % corresponde a inversión, con 88,4 billones de pesos.
La Contraloría General señaló que es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que garantice la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la generación de desequilibrios fiscales a largo plazo.
En materia de deuda, el órgano de control recordó que Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento de sus compromisos crediticios, por lo que este rubro estaría exento de recortes directos. Sin embargo, indicó que el Gobierno podría reducir una parte de este gasto mediante operaciones de manejo de deuda.
La Contraloría también evidenció una rigidez significativa asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, en particular las relacionadas con el Sistema General de Participaciones. Aun así, señaló que un análisis detallado por parte del Ministerio de Hacienda podría identificar posibles ajustes en componentes como contratación, viáticos y otros gastos operativos.
En el caso del rubro de inversión, aunque es el que presenta mayor flexibilidad, también enfrenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras ya comprometidas. En este escenario, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con impacto macro-regional y que contribuyan a la estabilidad económica y a la transformación productiva del país.
La Contraloría General subrayó además la necesidad de mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal. En 2024, del total del presupuesto aprobado, solo se obligó el 83,1 %, y en el caso específico de la inversión, la ejecución alcanzó apenas el 57 %. Para la vigencia de 2025, con corte al 15 de diciembre, la ejecución es del 79,9 %, aunque preocupa el bajo nivel de inversión, con solo el 52,8 % obligado, a falta de quince días para finalizar el año.
Finalmente, el ente de control señaló que el Gobierno, a través de la DIAN, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión para aumentar el recaudo tributario efectivo. Asimismo, insistió en que el recorte del gasto debe realizarse de manera transparente y participativa, dialogando con los sectores afectados y comunicando de forma clara los criterios, prioridades e impactos esperados, con el fin de preservar la confianza ciudadana y la disciplina fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
