El pasado 1 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Gustavo Petro radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que busca convocar una consulta popular.
Con la presentación formal de la iniciativa, se activaron los plazos establecidos en la Ley 1757 de 2015 para su trámite legislativo.
Según lo previsto en dicha normativa, el Senado de la República cuenta con un plazo de 20 días calendario para decidir sobre la conveniencia de la convocatoria al mecanismo de participación. Este periodo puede extenderse por diez días adicionales si así lo determina la mayoría de la corporación.
En este contexto, el primer plazo se cumpliría el próximo 22 de mayo. Si el Senado decide prorrogar el debate, la decisión definitiva podría conocerse hasta el 1 de junio.
De obtenerse una mayoría absoluta de 53 votos a favor en la plenaria del Senado, el Gobierno quedaría facultado para convocar la consulta popular dentro de los tres meses siguientes. En ese caso, la fecha límite para la realización del mecanismo sería el 1 de septiembre de 2025, tal como lo establece el documento radicado por el Ejecutivo.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que si el Senado no se pronuncia en los plazos establecidos, el presidente quedaría habilitado para convocar directamente la consulta. Así lo permite el artículo correspondiente de la Ley 1757.
Sanguino también sostuvo que el Gobierno aún no contempla acudir a otros mecanismos en caso de que el proyecto sea rechazado por el Legislativo. Sin embargo, mencionó el 8 de marzo de 2026 fecha de las elecciones legislativas como una posible alternativa en caso de que la consulta no se realice este año.
Para que los resultados de la consulta tengan carácter vinculante, la participación ciudadana debe superar la tercera parte del censo electoral, lo cual equivale a más de 13,6 millones de votantes. Asimismo, cada una de las 12 preguntas propuestas deberá contar con al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos para ser aprobada.
El Ministro del Trabajo manifestó que el objetivo del Gobierno es alcanzar más de 15 millones de participantes en la jornada y superar los ocho millones de votos afirmativos por pregunta.
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