Las organizaciones Consejo Privado de Competitividad, ANIF y la Red PRO publicaron un pronunciamiento conjunto en el que expusieron sus reflexiones frente a los recientes acontecimientos relacionados con el salario mínimo en Colombia. El documento, fechado el 30 de diciembre de 2025, plantea una serie de consideraciones sobre informalidad laboral, empleo y los efectos que puede tener un incremento del salario mínimo en el contexto actual del país.
Según las entidades firmantes, su trabajo está orientado a contribuir a un país próspero para los colombianos, mediante el uso de información y acciones concretas que permitan la construcción de un futuro compartido. En ese marco, señalaron que las decisiones recientes sobre el salario mínimo hacen necesaria una reflexión sobre su impacto en el mercado laboral y en amplios sectores de la población.
El pronunciamiento recuerda que Colombia es un país en el que más de la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad y donde nueve de cada diez empresas corresponden a micro y pequeñas unidades productivas. En este escenario, indicaron, los márgenes de las empresas para absorber incrementos significativos en los costos laborales son limitados. Por ello, advirtieron que un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral puede profundizar una brecha ya existente entre los trabajadores formales y millones de personas que hoy están por fuera del sistema de protección social.
Las organizaciones señalaron que este efecto tiene consecuencias concretas. Cuando el costo del empleo formal resulta inalcanzable para un número significativo de pequeñas empresas, la informalidad deja de ser una excepción y pasa a convertirse en una alternativa recurrente. En ese proceso, afirmaron, se debilitan elementos asociados al trabajo formal, como los derechos laborales, la estabilidad y la posibilidad de construir proyectos de vida sostenibles.
El comunicado también sostiene que lo que puede representar una noticia positiva para un grupo de trabajadores no lo es para la mayoría de los colombianos que se encuentran en condición de informalidad. Además, advierte que muchos de los bienes y servicios que consume la población pueden registrar incrementos asociados al ajuste del salario mínimo. Entre estos mencionan la cuota moderadora en salud, el costo de la vivienda de interés social y de los arriendos, el SOAT, el transporte, los servicios públicos, las matrículas educativas y otros servicios.
Desde la Red PRO, ANIF y el Consejo Privado de Competitividad reiteraron su compromiso con una visión de desarrollo que ubique en el centro a las personas, en particular a quienes no participan directamente en estas decisiones, como emprendedores, trabajadores informales, desempleados, jóvenes y pequeños empleadores. En el documento señalan que la protección del ingreso real de los trabajadores debe estar acompañada de mayor productividad, más formalización y empresas sostenibles, y no de barreras adicionales para el acceso al empleo formal.
Finalmente, las organizaciones expresaron su respaldo al diálogo y a la concertación como mecanismos para la toma de decisiones. Indicaron que este tipo de medidas no deberían adoptarse de manera impuesta ni mediante la estigmatización de empresarios y empleadores, tanto pequeños como grandes. A su juicio, el aumento decretado por el Gobierno Nacional no considera el impacto sobre jóvenes, inactivos, desempleados e informales, quienes no participan en estos espacios de decisión. Concluyeron que en un país más justo, estas voces deberían ser tenidas en cuenta y que el valor de las decisiones públicas debería medirse por las oportunidades que generan para los sectores excluidos.
