El Consejo de Estado emitió una sentencia en la que atribuye responsabilidad a la Nación, a través del Ministerio de Defensa, por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La decisión fue proferida por la Sección Tercera, Subsección C, con ponencia del consejero Nicolás Yepes Corrales, dentro de un proceso de reparación directa radicado bajo el número 25000232600020120053702.
El fallo establece que el fallecimiento del funcionario no obedeció a una sola causa, sino a la concurrencia de actuaciones atribuibles al grupo subversivo M-19 y a irregularidades en el operativo adelantado por la Fuerza Pública durante la retoma del edificio.
En la sentencia se indica que la irrupción armada del M-19 configuró una violación grave a la vida e integridad de magistrados, empleados y visitantes que se encontraban en el Palacio de Justicia, lo cual creó un escenario de riesgo que incidió de manera directa en la muerte del magistrado Echeverry.
No obstante, el fallo precisa que la respuesta estatal también influyó de forma determinante. La Sala concluye que personal del Ministerio de Defensa incurrió en fallas del servicio derivadas de procedimientos desproporcionados, decisiones operacionales adoptadas sin criterios adecuados y ausencia de medidas orientadas a la protección de los rehenes, incluidos los miembros de las altas cortes.
Según el expediente, estas irregularidades se sumaron a las acciones del grupo insurgente y constituyeron una concausa en el daño ocasionado.
El documento judicial detalla que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario generadas por el M-19 y las deficiencias operativas de la Fuerza Pública confluyeron en un escenario que impidió garantizar la seguridad de quienes permanecían retenidos. En la valoración de pruebas, la Sala señaló que el exceso y desproporción en la reacción oficial agravaron la situación y tuvieron incidencia en el desenlace fatal del magistrado.
Como parte de las órdenes impartidas, el Consejo de Estado dispuso una reparación integral a favor de los familiares de Jorge Alberto Echeverry, que incluye el pago de perjuicios morales y económicos.
Además, la sentencia ordena la publicación del fallo en un medio de amplia circulación y la realización de un acto público de reconocimiento, en cumplimiento de las medidas contempladas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La decisión se suma a otras emitidas en los últimos años relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia, en las que se ha establecido la concurrencia de responsabilidades entre el grupo insurgente y el Estado.
A casi cuatro décadas de los acontecimientos, la alta corporación reiteró la obligación institucional de examinar las causas del daño y cumplir con las medidas de reparación dispuestas para las víctimas y sus familias.
