El Consejo de Estado emitió una decisión judicial en la que ordena al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar las afirmaciones que realizaron en abril de 2025 sobre el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, a quien vincularon públicamente con el ELN.
La orden se produjo tras la tutela presentada por el funcionario en julio del mismo año, en la que alegó afectaciones a sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad y el buen nombre como consecuencia de esos señalamientos.
El alto tribunal concluyó que las declaraciones carecían de fundamento y que tuvieron efectos directos en la situación de riesgo del Personero, cuyo trabajo se desarrolla en el Catatumbo, una zona con presencia de varios grupos armados.
Según la decisión, Petro tendrá que realizar la rectificación en su próxima alocución o intervención televisiva después de ser notificado, mientras que el ministro Benedetti debe publicar un mensaje en su cuenta personal de X dentro de los cinco días siguientes y mantenerlo visible por tres meses. Este mensaje tendría que mencionar al Personero y cumplir con parámetros de veracidad y respeto.
La providencia también ordena a la Unidad Nacional de Protección realizar, en un plazo de 20 días, un nuevo estudio técnico de riesgo sobre Bohórquez, con el fin de determinar la pertinencia de ajustes en su esquema de seguridad.
Bohórquez explicó en su tutela que, tras los señalamientos, comenzó a recibir mensajes intimidatorios, algunos con referencias a atentados recientes ocurridos en el país. En entrevistas concedidas a medios nacionales, señaló que responsabilizaba al Gobierno por cualquier afectación a su integridad o a la de su familia.
El conflicto surgió cuando Benedetti cuestionó públicamente la postura del Personero frente a la conmoción interior decretada en Norte de Santander y otros municipios del Catatumbo. En mensajes publicados en redes sociales, el Ministro sugirió que la posición de Bohórquez lo hacía “sospechoso” de colaborar con la insurgencia. Jorge Armando Bohórquez respondió que su labor está orientada exclusivamente a la defensa de los derechos humanos y que declaraciones de esa naturaleza implican riesgos adicionales en regiones donde el orden público es frágil.
Las declaraciones también generaron reacciones de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, desde donde se advirtió que este tipo de señalamientos compromete la seguridad de los funcionarios que deben operar en zonas bajo influencia de grupos armados.
Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo se refirieron a la importancia de preservar la seguridad de los personeros municipales ante afirmaciones que, según indicaron, pueden escalar situaciones de riesgo.
Con la decisión del Consejo de Estado, esta se suma a la lista de retractaciones que el mandatario ha tenido que hacer, sin embargo, cabe recordar que se encuentra pendiente la rectificación que la Corte ordenó con respecto a los pronunciamientos contra la senadora Paloma Valencia, que hasta la fecha no ha realizado públicamente en los canales ordenados.
Finalmente, es de reiterar que la noche del 18 de noviembre, estaba anunciada una alocución presidencial que no se realizó y en la que el tema central estaba enfocado a la Amenaza contra la Defensa y Seguridad Nacional y de manera paralela tenía que dar cumplimiento a un fallo judicial que no indicaba explícitamente a cuál hacía referencia. Por ahora, queda a la espera dicho pronunciamiento por parte del mandatario y el Ministro.
