El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional, que establecía el nuevo modelo de salud denominado “preventivo, predictivo y resolutivo”.
La medida cautelar fue adoptada tras la demanda presentada por el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, quien alegó una extralimitación de las facultades reglamentarias del Ejecutivo.
La Sección Primera del alto tribunal determinó que el decreto expedido el 30 de julio de 2025 debía ser suspendido mientras se analiza de fondo su legalidad. En el fallo se señala que el Gobierno habría vulnerado el principio de reserva de ley al adoptar un modelo de salud de alcance nacional que, por su naturaleza, debía ser debatido y aprobado por el Congreso de la República.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la expedición del decreto implicó una reorganización del sistema de salud mediante la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), encargadas de planificar y coordinar los servicios de salud en cada territorio.
Según el tribunal, estas disposiciones no se limitan a aspectos administrativos, sino que configuran una transformación estructural del sistema, lo que excede la facultad reglamentaria del Ejecutivo.
El demandante argumentó que el decreto contravino el artículo 150, numeral 23, de la Constitución, que reserva al Congreso la competencia para regular el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
Andrés Forero había afirmado que el Gobierno “se extralimitó al regular elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, por lo que solicitó medidas cautelares que fueron acogidas por la corporación judicial.
El decreto suspendido buscaba reorganizar el sistema de atención en dos niveles: uno primario, encargado de la atención directa de baja y mediana complejidad, y uno secundario, enfocado en servicios especializados y de alta complejidad. Las gobernaciones y alcaldías asumirían un papel central en la administración de las redes, en articulación con las EPS e IPS, mientras que la Adres se encargaría de la centralización de los recursos destinados a clínicas y hospitales.
El modelo, presentado por el Gobierno como un paso hacia una salud más accesible y equitativa, había sido cuestionado por diversos sectores políticos y gremiales que lo consideraban una reforma paralela a la que se tramita en el Congreso.
La suspensión del decreto frena temporalmente su implementación, mientras el Consejo de Estado evalúa de fondo la legalidad del acto administrativo y define si este podrá o no entrar nuevamente en vigencia.
