El próximo martes 12 de agosto, a las 9:00 a. m., las comisiones económicas del Congreso de la República iniciarán la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
A la sesión están citados el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina; el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda asciende a 556,9 billones de pesos, de los cuales 26,3 billones dependen de la aprobación de una nueva reforma tributaria.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un concepto previo desfavorable sobre la propuesta, cuestionando también la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de modificar el plan fiscal para 2026. Según el organismo, las medidas adoptadas carecen de sustento técnico y envían señales de desorden en la planeación fiscal.
El CARF indicó que el incremento del gasto primario y del déficit primario, anunciado un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), revela nuevos problemas en la planeación de las finanzas públicas.
El escenario aprobado por el Confis contempla un aumento del gasto primario de 18,2 billones de pesos (0,9% del PIB) y un déficit primario que pasará de 1,4% a 2% del PIB. El déficit fiscal se mantendría en 6,2% del PIB.
En la distribución del gasto, el Gobierno proyecta destinar 7,2 billones de pesos al aseguramiento en salud, 5,7 billones a subsidios de energía y gas, y 5,9 billones a inversión. Se prevé un aumento de ingresos por 8,2 billones y una reducción en el pago de intereses por 10 billones de pesos.
El CARF advirtió que gran parte de las fuentes de financiamiento planteadas son de carácter transitorio o incierto. El organismo señaló que la ley de financiamiento propuesta es un plan incierto y que las decisiones recientes afectan la confianza en la institucionalidad fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas.
Tras la activación de la cláusula de escape para las vigencias 2025-2027, el Comité sostuvo que la recuperación de la confianza requiere medidas más contundentes y un compromiso firme con las metas definidas por el Confis.
