El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue condenado este viernes a cinco años de prisión por un tribunal de Seúl, en el primer fallo judicial derivado de su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, que brinda a las Fuerzas Armadas facultades extraordinarias, en medio de una emergencia declarada por el jefe de Estado.
Según algunos expertos, la declaración de esta ley, así como las protestas y las críticas que vinieron tras conocer esta decisión, se deben considerar como el punto de partida en la caída política que sufrió Suk y además, se considera que encima abrió una larga cadena de procesos penales en su contra.
La sentencia fue dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y transmitida en directo, y se declaró a Yoon culpable de obstrucción a la justicia, al haber interferido en la ejecución de una orden de arresto utilizando al Servicio de Seguridad Presidencial.
En este sentido, el tribunal consideró probado que el entonces mandatario empleó recursos del Estado para bloquear la acción de las autoridades y vulneró los procedimientos legales establecidos.
Además, los jueces lo hallaron responsable de falsificación de documentos oficiales y de incumplir los requisitos constitucionales para la declaración de la ley marcial.
Sin embargo, fue absuelto de uno de los cargos vinculados a la presunta difusión de información falsa a medios extranjeros. La Fiscalía había solicitado una pena de diez años, pero el tribunal optó por imponer una condena menor. El fallo puede ser apelado.
Cabe recordar que Yoon permanece en prisión preventiva desde julio y se desconoce cuándo comenzará a cumplir de forma efectiva esta condena, en un contexto en el que su defensa ya ha anunciado su intención de apelarla.
Como se dijo al inicio, el exmandatario enfrenta varios procesos, por lo cual esta resolución judicial es la primera de al menos ocho causas abiertas contra el exmandatario, varias de ellas directamente relacionadas con la declaración del estado de emergencia.
Con esto en cuenta, incluso los procesos más graves siguen pendientes y se incluye en este, el caso del juicio por insurrección, al considerar que Yoon impuso ilegalmente la ley marcial, una decisión que el Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional al destituirlo del cargo en abril de 2025.
Por este delito, la Fiscalía especial ha solicitado incluso la pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde 1997, lo que convertiría una eventual condena capital en simbólica.
El expresidente también enfrenta acusaciones por abuso de poder, por el presunto envío de drones hacia Corea del Norte con fines propagandísticos, y por dar falso testimonio en el proceso contra el ex primer ministro Han Duck-soo, cuya sentencia se conocerá en los próximos días.
A ello se suman causas por interferencia en investigaciones oficiales, financiación política irregular y difusión de información falsa durante la campaña presidencial.
