El próximo 27 de agosto, la justicia colombiana dictará la condena contra el menor de edad responsable de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto como consecuencia de un atentado ocurrido dos meses antes en Bogotá.
De acuerdo con la normativa vigente, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) establece que la pena máxima aplicable para un menor es de ocho años de privación de la libertad, incluso en casos de homicidio. Esto significa que, pese a la gravedad del hecho, no es posible adicionar la figura de homicidio agravado ni imponer una sanción superior.
La decisión judicial se produce en medio de un profundo debate nacional sobre las penas en el SRPA y la capacidad de este sistema para responder de manera proporcional a crímenes de alto impacto. El caso de Uribe Turbay ha reavivado discusiones sobre la pertinencia de reformas que permitan penas más severas para menores que cometen delitos especialmente graves.
Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y uno de los principales aspirantes presidenciales de la oposición, fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la capital. Aunque inicialmente sobrevivió al atentado, permaneció hospitalizado durante dos meses y cuatro días hasta su fallecimiento por complicaciones derivadas de las heridas de bala.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación identificaron al menor como el autor material del disparo. Según fuentes judiciales, el joven fue aprehendido pocos días después del ataque y ha permanecido bajo custodia de Bienestar Familiar con el monitoreo de la Fiscalía General de la Nación, dentro de un programa de protección especial a testigos, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El asesinato de Uribe Turbay conmocionó al país y generó una amplia condena de distintos sectores políticos, sociales y diplomáticos. El hecho también ha sido interpretado como un golpe a la democracia, dado el papel protagónico que el senador desempeñaba en el Congreso y su proyección como figura de liderazgo nacional.
La audiencia del 27 de agosto, en la que se conocerá la condena, será un momento clave no solo para la familia del senador y sus seguidores, sino también para el debate jurídico y político que rodea la aplicación de justicia a menores de edad implicados en crímenes de alto impacto. El caso podría impulsar iniciativas legislativas para revisar los alcances y limitaciones del actual Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
