El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en la que solicita investigar posibles actuaciones de funcionarios del Gobierno nacional que habrían participado en la jornada electoral del Pacto Histórico.
El documento, radicado el 27 de octubre, expuso una serie de publicaciones y mensajes en redes sociales y canales institucionales que, según el cabildante, podrían constituir participación política indebida.
De acuerdo con la queja, entre los funcionarios señalados se encuentran:
- La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres
- El ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda
- El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino
- El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma
- El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín
- La directora del ICBF, Astrid Cáceres
- El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón
- El director de RTVC, Hollman Morris
El documento cita publicaciones que habrían sido difundidas en la red social X o por canales institucionales durante el fin de semana del 26 de octubre, coincidiendo con la consulta interna del movimiento oficialista.
Entre ellas, un mensaje de Irene Vélez en el que escribió: “Entro a votar, elijo en el Pacto Histórico”, y expresiones del ministro Sanguino como: “El Frente Amplio es el camino para que Colombia siga cambiando”.
Asimismo, se señalan posibles mensajes internos en entidades públicas, como Colpensiones, donde, según el Concejal, se habría distribuido un comunicado con contenido político dirigido a directivos y funcionarios. En el caso del director de RTVC, se advierte sobre el presunto uso de recursos comunicativos del sistema de medios públicos para difundir contenidos relacionados con la consulta.
De Bedout también mencionó que varias cuentas oficiales de entidades estatales, entre ellas la Presidencia de la República, Prosperidad Social, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y RTVC, habrían promovido publicaciones con el numeral #ParticiparEsDemocracia, coincidiendo, según indicó, con la convocatoria del movimiento político Pacto Histórico.
El corporado argumentó que la denuncia se formula con base en el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en actividades políticas o controversias partidistas durante el ejercicio de sus funciones, salvo el derecho al voto. También citó la Ley 1952 de 2019, que establece sanciones disciplinarias por la utilización de cargo o recursos estatales para favorecer a un partido o candidato.
En su comunicación a la Procuraduría, De Bedout precisó que la solicitud no parte de afirmaciones categóricas, sino que busca que la entidad realice la verificación correspondiente “en ejercicio de su autonomía y conforme al debido proceso”. Añadió que su acción responde al deber de control político y al compromiso con la transparencia en la administración pública.
La Procuraduría tendrá que determinar si las conductas descritas constituyen faltas disciplinarias, especialmente en lo relacionado con el uso de recursos estatales para fines partidistas y la promoción de actividades electorales desde cargos oficiales.
