El concejal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una comunicación en la que expone hechos que podrían constituir presuntas actuaciones de participación en política por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional en el marco de la jornada del 26 de octubre de 2025 del movimiento Pacto Histórico.
Según el documento radicado con número 202510006717 el 27 de octubre de 2025, el corporado actúa en ejercicio del derecho constitucional de petición y bajo el principio de presunción de inocencia. De Bedout solicita que se determine si la conducta señalada vulnera los principios de imparcialidad, moralidad y neutralidad política propios de la función pública.
El escrito cita el artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades de partidos o movimientos políticos salvo el ejercicio del voto, y la Ley 1952 de 2019, que sanciona el uso del cargo, medios o recursos del Estado para intervenir en actividades políticas o electorales.
Hechos señalados
El concejal pone en conocimiento de la Procuraduría hechos divulgados públicamente que involucran a funcionarios del Gobierno Nacional:
- Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, habría manifestado en X:
“Entro a votar, elijo en el Pacto Histórico.” - Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, habría difundido un mensaje interno con connotaciones políticas dirigido a directivos de la entidad, posteriormente eliminado.
- Armando Benedetti Villaneda, funcionario del Gobierno Nacional, habría publicado mensajes de apoyo a la consulta del Pacto Histórico en sus redes utilizando su investidura pública.
- Hollman Morris, directivo de RTVC Noticias, habría empleado recursos comunicativos del sistema de medios públicos para amplificar contenidos afines al movimiento político mencionado.
- Astrid Cáceres, directora del ICBF, habría replicado en redes sociales mensajes alusivos a la jornada del Pacto Histórico.
- Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se habría denunciado la eventual existencia de presiones internas a funcionarios para asistir al proceso electoral y documentarlo con fotografías.
- Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, habría publicado en redes expresiones como:
“El Frente Amplio es el camino para que Colombia siga cambiando.” - Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, habría replicado mensajes sobre la celebración de la jornada del Pacto Histórico.
- Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, compartió expresiones como:
“Aun así, somos las mayorías.”
“Ojalá la democracia gane porque saben que en democracia les ganamos.” - El documento también menciona publicaciones institucionales atribuidas a la Presidencia de la República, la Superintendencia de Salud, la Agencia Nacional de Tierras, Prosperidad Social y RTVC, bajo el numeral #ParticiparEsDemocracia, presuntamente relacionado con la consulta del movimiento político.
El concejal solicitó a la Procuraduría establecer si alguna de estas conductas configura infracción a la Constitución y a la ley.
Con base a lo anterior, De Bedout señaló en sus redes que:
“ATENCIÓN | Acabo de radicar ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria por posibles actos de participación en política de altos funcionarios del Gobierno Nacional como Irene Vélez, Jaime Dussán, Armando Benedetti, Hollman Morris, Antonio Sanguino, Edwin Palma y Daniel Rojas».
Adicionalmente, agregó que: «lo que vimos públicamente los últimos días es inaceptable. Ministros, directores de entidades y funcionarios que deberían servir a todos los colombianos actuaron como militantes haciendo proselitismo de un movimiento político, promoviendo mensajes alusivos de campaña del pacto histórico, presionado contratistas y usando la estructura del Estado como si fuera una sede de campaña. Eso no es democracia, eso es abuso de poder».
De Bedout concluyó diciendo: «Como concejal de Medellín, no puedo quedarme callado. La Constitución y la Ley son claras, se prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en política. No hay interpretación posible. Quien usa su cargo para favorecer un partido, traiciona la confianza ciudadana y erosiona las bases de la República. Si los que gobiernan olvidaron los límites, seremos nosotros quienes se los recordemos.”
El documento concluye solicitando que la Procuraduría valore los hechos con autonomía e imparcialidad, conforme a la normativa vigente.
