El Tribunal Superior de Medellín admitió una acción de tutela presentada por Jorge Alberto Carmona Vélez de la Veeduría Penitenciaria Nacional, quien solicitó el cierre definitivo de la Estación de Policía La Candelaria. El espacio, diseñado para albergar a 80 personas, actualmente tiene cerca de 400 detenidos, lo que ha generado condiciones inhumanas y graves violaciones a los derechos humanos.
Carmona denunció las precarias condiciones dentro de las instalaciones, presentando pruebas gráficas y testimoniales que evidencian el hacinamiento extremo, la falta de salubridad y la violencia sufrida por los internos. Según el veedor, esta problemática no es nueva y se ha arrastrado durante más de 12 años, desde que se comenzó a utilizar estaciones de policía como centros de detención provisional en Medellín.
La situación en La Candelaria ha sido objeto de múltiples denuncias y órdenes judiciales sin que se haya logrado una mejora significativa. Carmona responsabiliza a varias entidades estatales, incluyendo la Alcaldía de Medellín, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el INPEC, por su omisión en garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
El Tribunal dio un plazo de dos días a las instituciones involucradas para responder a la tutela. Este caso se suma a una crisis más amplia en las estaciones de policía de Medellín, donde el hacinamiento también es alarmante en otras localidades: Manrique reporta un 850%, Buenos Aires un 670%, y Doce de Octubre un 475%.
La situación ha generado un llamado urgente para que se tomen medidas efectivas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad en Colombia.
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