Una Juez del Tribunal de Cundinamarca expidió horas antes de que se comenzaran las marchas de ayer, una medida cautelar basada en la protección de la población ante la grave tercera ola de pandemia que se tiene por el Covid en el País.
En ese sentido, la justicia ordenó a los alcaldes del país revocar los permisos dados para las marchas y hacer todo lo posible para que los marchantes acataran la orden.
Pero nada de ello ocurrió. Contrario a lo que dijo el Tribunal, los promotores del paro, en cabeza de su comité, anunciaron que seguirían adelante con la convocatoria, violando una disposición judicial. Para los promotores del Paro, el que no los hayan vinculado en el proceso de una acción de tutela, el fallo proferido por el Tribunal, no los cobija.
No obstante, en la medida cautelar decretada, se da la orden a los alcaldes y se evidencia que el incumplimiento de los marchantes, es una acción que va en contravía de lo ordenado por la justicia, so pena de tener que rendir cuentas.
Ese mismo sentido están los alcaldes de las principales ciudades del país, en donde se llevaron a cabo marchas. Casos como el de Bogotá, Cali y Medellín; son plena responsabilidad de los alcaldes, quienes omitieron el ejercicio de su labor y no usaron su autoridad legal, para controlar y disuadir a los marchantes y vándalos; mas cuando la orden del Tribunal fue directamente hacia ellos en la obligatoriedad, no solo de revocar permisos, sino en hacer todo lo posible para que no se saliera a marchar.
En ese orden de ideas, los alcaldes como Claudia López, Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero en Bogotá, Cali y Medellín; deberán ser llamado por la justicia a responder por la omisión en el cumplimiento de su deber y actuar como simples observantes desde los PMU.
Es así como el propio tribunal, debería de abrir procesos por desacato a orden judicial, al tiempo que la Procuraduría debería de iniciar procesos disciplinarios de oficio en contra de los alcaldes que no cumplieron con su deber.
Finalmente ante los desmanes en contra de la propiedad privada en la que cientos de locales comerciales, bancos, concesionarios, parqueaderos entre otros espacios vandalizados en el marco de las marchas ilegales; los empresario deberían de interponer las acciones legales pertinentes contra los alcaldes que no garantizaron su seguridad, omitiendo el mandato constitucional de mantener el orden ciudadano y proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
