La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanzó en la investigación preliminar que se sigue contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y decretó la práctica de nuevas pruebas relacionadas con una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La indagación también incluye señalamientos sobre una posible actuación que habría permitido la salida del país de Carlos Ramón González.
En una comunicación oficial, la representante investigadora María Eugenia Lopera reiteró la solicitud a la fiscal general para que, en un plazo máximo de diez días, remita un informe detallado de las actuaciones adelantadas dentro del proceso referido en la denuncia. Ese documento será incorporado al expediente como material probatorio, de acuerdo con la disposición emitida por la Comisión.
La investigación responde a una denuncia presentada por la Red de Veedurías, en la que se advierte sobre una “presunta conveniencia” entre la fiscal general y los fiscales delegados 9 y 11 ante la Corte Suprema de Justicia. Según el documento radicado, dicha relación habría facilitado que González viajara hacia Nicaragua, con lo cual habría evadido los procesos judiciales en su contra. La denuncia plantea que la salida del país se produjo sin que existiera una actuación explícita que lo impidiera y que, presuntamente, los funcionarios tenían conocimiento de su situación.
Además del señalamiento principal, el escrito entregado a la Comisión incluye solicitudes para determinar si la fiscal general incurrió en conductas relacionadas con posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento. La Red de Veedurías pidió que se examine si existieron decisiones o acciones que pudieron incidir en el curso de los procesos penales relacionados con la UNGRD.
Con la orden de recopilar pruebas adicionales, la Comisión de Acusación continúa la etapa preliminar del expediente, cuyo objetivo es establecer si hay mérito para abrir una investigación formal. Entre los requerimientos planteados se encuentra la entrega de información detallada sobre actuaciones internas de la Fiscalía, comunicaciones oficiales y decisiones adoptadas en los casos mencionados.
El organismo legislativo, competente para conocer denuncias contra aforados constitucionales como la fiscal general, mantendrá el trámite bajo las reglas del proceso disciplinario y penal que le corresponde. La información remitida por la Fiscalía deberá incorporarse al análisis de los investigadores, quienes evaluarán si los hechos descritos en la denuncia tienen sustento en las actuaciones institucionales realizadas hasta el momento.
La decisión de la Comisión marca un nuevo paso dentro del proceso y abre un periodo de revisión probatoria que definirá el avance de la indagación contra la titular del ente acusador.
