La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes dio inicio a la inspección ordenada en la sede de la Fiscalía ubicada en el barrio Recreo, en Barranquilla, como parte del proceso que busca obtener copias y revisar las actuaciones relacionadas con Nicolás Petro Burgos y su presunta participación en ingresos irregulares durante la campaña presidencial de 2022.
En el lugar estuvieron presentes la fiscal Lucy Marcela Laborde, delegados de la Procuraduría y el abogado Alejandro Carranza, representante jurídico del presidente Gustavo Petro.
El objetivo de la diligencia es examinar los documentos, radicados y declaraciones que reposan en el despacho de la fiscal Laborde, así como las actuaciones adelantadas por el entonces fiscal Mario Burgos, quien inicialmente llevó el caso. La Comisión busca verificar cada una de las pruebas y testimonios que se han incorporado al expediente, especialmente aquellos relacionados con las versiones sobre presuntos aportes ilícitos a la campaña presidencial.
Carranza explicó en declaraciones recientes que la inspección incluye la revisión de todas las declaraciones juradas tomadas bajo la conducción del fiscal Burgos, así como los elementos materiales que fueron entregados en esa etapa del proceso. Indicó que esta verificación se enmarca en la necesidad de contrastar versiones y determinar si existieron irregularidades en la forma como se manejó la información previa, incluida la divulgación de detalles procesales a través de medios de comunicación.
Entre el material que la Comisión busca examinar están los testimonios de Daysuris del Carmen Vásquez, excompañera de Nicolás Petro, quien ha entregado declaraciones ante la Procuraduría y ante distintos fiscales.
En esas versiones afirmó, según el abogado del Presidente, que el entonces candidato Gustavo Petro no habría tenido conocimiento de los supuestos recursos mencionados y que estos no habrían ingresado a la campaña, señalando que dichos dineros fueron apropiados por ella y por Nicolás Petro. La Comisión pretende verificar el alcance de estas declaraciones y su incorporación en el expediente.
Carranza también señaló que, según manifestaciones de la fiscal Laborde en actuaciones posteriores a la salida de Burgos del caso, la Fiscalía habría indicado en audiencia que el proceso no estaba vinculado a actividades de narcotráfico ni a ingresos provenientes de ese tipo de origen. La Comisión busca evaluar estas afirmaciones como parte del análisis del expediente.
La diligencia se suma a las actuaciones que adelanta la Comisión de Acusación en el proceso en el que se examina si existieron responsabilidades de orden constitucional relacionadas con la campaña presidencial. Una vez concluida la inspección, los congresistas deberán revisar la información recopilada para determinar los pasos siguientes dentro del trámite.
