El Gobierno de Colombia elevó el tono diplomático frente a Ecuador tras la decisión de imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas, una medida anunciada públicamente por el presidente Daniel Noboa y formalizada a través de canales oficiales en Quito.
La respuesta de Colombia quedó consignada en una nota de protesta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se plantea un rechazo explícito al gravamen y se solicita su retiro, al tiempo que se advierte sobre sus implicaciones en el marco normativo andino y en la relación bilateral.
En la comunicación, suscrita desde el despacho de la Viceministra de Relaciones Exteriores, Colombia sostiene que la medida ecuatoriana fue adoptada de manera unilateral y resulta incompatible con las obligaciones asumidas por ambos Estados dentro de la Comunidad Andina.
La Cancillería recuerda que el ordenamiento jurídico comunitario, derivado del Acuerdo de Cartagena y desarrollado mediante decisiones andinas vigentes, consagra el principio de libre comercio intracomunitario y prohíbe la imposición de gravámenes arancelarios o medidas de efecto equivalente entre países miembros, salvo excepciones expresamente reguladas.
El documento también cuestionó los argumentos esgrimidos por el Gobierno ecuatoriano para justificar la imposición del arancel, especialmente aquellos relacionados con la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.
Según Colombia, ambos países mantienen una cooperación histórica y permanente contra el crimen organizado, sustentada en mecanismos bilaterales y en acciones conjuntas adoptadas en el marco del Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina, aprobado mediante la Decisión 922. Para Bogotá, esta articulación desvirtúa la necesidad de recurrir a medidas comerciales restrictivas.
La nota de protesta señala, además, que la eventual aplicación del arancel del 30%, anunciada para entrar en vigencia el 1 de febrero, podría resultar incompatible con los compromisos de integración regional y afectar de manera directa el intercambio de bienes entre las dos economías. En ese contexto, el Gobierno colombiano manifiesta su preocupación por las consecuencias jurídicas y comerciales que se derivarían de la implementación de la medida.
Pese al rechazo, la Cancillería colombiana plantea una salida diplomática. En la misiva se propone la realización de una reunión ministerial de alto nivel entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países, con el fin de abordar la situación y evitar una escalada de tensiones. El encuentro fue sugerido para el próximo 25 de enero de 2026 en Ipiales, Nariño, a la espera de confirmación de hora y lugar.
En su cierre, el Gobierno de Colombia reitera su disposición al diálogo bilateral y constructivo como mecanismo para resolver la controversia, pero deja constancia de su rechazo a la adopción de medidas comerciales unilaterales que, a su juicio, contravienen la normativa andina y alteran las reglas del intercambio intrarregional.
La nota concluye con un llamado formal a Ecuador para desistir del arancel anunciado y encauzar la discusión por las vías institucionales previstas en los acuerdos vigentes.
