El Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña Petro Presidente 2022-2026, que la investigación administrativa por presunta violación de topes de financiación electoral entra en su recta final.
Así lo establece un auto de diez páginas firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. La decisión establece que los implicados tienen un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la comunicación del auto, para presentar sus alegatos de conclusión. Con esta notificación, el proceso administrativo entra en su etapa final antes de que la investigación prescriba en junio de 2025.
La medida cobija a Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, así como a las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura de Gustavo Petro. Además, se notificó al Ministerio Público para que, si lo considera necesario, presente también sus alegatos de conclusión.
De acuerdo con los magistrados investigadores, existiría evidencia de ingresos a la campaña por encima de los $5.300 millones de pesos no reportados en los libros oficiales. Las pesquisas incluyeron testimonios y pruebas solicitadas tanto por la parte investigadora como por los procesados.
En lo que respecta al presidente Gustavo Petro, el auto dispone la suspensión provisional de la investigación administrativa en su contra, así como del término de la caducidad de la facultad sancionatoria. Esta suspensión se mantendrá hasta que el CNE reciba la notificación formal de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la revisión de una tutela registrada bajo el expediente T-10.871.254.
El documento advierte que hasta la fecha la Corte Constitucional no ha hecho llegar una notificación oficial sobre dicho proceso, y que el comunicado de prensa que circuló no constituye el mecanismo formal de notificación ante las autoridades electorales.
La investigación, iniciada en mayo de 2023, busca determinar si durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales se vulneraron los topes legales establecidos para la financiación de campañas políticas. Concluida la etapa probatoria, se espera que la ponencia final sea presentada ante la sala plena del CNE en junio de 2025 para su respectivo debate y votación.
El desarrollo de este proceso mantiene la atención sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 y la actuación de los partidos políticos involucrados, así como de los funcionarios que ejercieron roles clave en la estructura administrativa de dicha campaña.
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