El Consejo Nacional Electoral conformó una comisión interna para estudiar la eventual inhabilidad de Iván Cepeda frente a su participación en la consulta prevista para el 8 de marzo, en la que sectores del denominado Pacto Amplio buscan definir un candidato presidencial único.
La decisión se tomó luego de que el tribunal recibiera un expediente remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en una solicitud conjunta de los organismos de control.
El análisis preliminar quedó en manos de una comisión integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, todos cercanos al Pacto Histórico. De manera específica, la ponencia fue asignada a Márquez, quien tendrá a su cargo el estudio inicial del caso y la elaboración de una respuesta institucional. El plazo para adoptar una determinación preliminar se extendería hasta el viernes de esa misma semana.
El expediente llegó al CNE tras una comunicación firmada por el procurador general, Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y el registrador nacional, Hernán Penagos. En el documento, las autoridades solicitaron al Consejo pronunciarse de manera anticipada sobre la posibilidad de que Cepeda se inscriba en una nueva consulta, pese a haber participado previamente en la realizada el 26 de octubre de 2025 por el Pacto Histórico.
El estudio se centra en la aplicación de las normas que regulan la participación en consultas dentro de un mismo proceso electoral. En particular, el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 establece que quienes participen como precandidatos en una consulta no pueden inscribirse posteriormente por partidos, movimientos o coaliciones distintas durante el mismo proceso. La norma precisa que la participación se configura cuando la inscripción del precandidato queda en firme conforme a los procedimientos internos de la colectividad convocante.
A este marco se suma el artículo 107 de la Constitución Política, que señala que quienes participen en consultas de un partido o en consultas interpartidistas no podrán inscribirse por otro en el mismo proceso electoral, y que los resultados de estas consultas son obligatorios. Estos preceptos serían los principales referentes jurídicos del análisis que adelanta el CNE.
Según lo previsto en la agenda del tribunal, los nueve magistrados se reunirán a puerta cerrada para definir el alcance de la respuesta que será enviada a los organismos de control. En ese espacio se evaluará la conveniencia de emitir un pronunciamiento de fondo o limitarse a recordar el marco normativo aplicable, sin resolver de manera definitiva la situación jurídica del candidato.
La magistrada Fabiola Márquez cuenta con una trayectoria extensa en entidades del orden nacional y distrital, y fue absuelta en 2025 por la Corte Suprema de Justicia en una investigación relacionada con un contrato suscrito años antes de su llegada a un cargo directivo en Bogotá. Su rol como ponente ha reactivado el debate sobre la actuación del CNE en procesos previos a la formalización de demandas electorales.
