La gestión de recursos públicos en el gobierno de Gustavo Petro atraviesa una fuerte crisis, evidenciada por la baja ejecución presupuestal de varias de sus principales entidades. La situación no solo genera incertidumbre sobre la viabilidad de proyectos prioritarios, sino que también ha motivado recortes significativos en los presupuestos, lo que impactará aún más en la capacidad de acción de estas instituciones.
Los datos se conocen justo el día en que el Congreso de la República retoma en el Senado la discusión de la Reforma Tributaria, llamada por el Gobierno como Ley de Financiamiento y luego que el Presidente de la Corporación, Efraín Cepeda, le recordara a Petro que debe concentrarse en ejecutar los más de 97 billones que tiene en bancos.
Entidades con ejecución mínima
Entre las entidades con peor desempeño se encuentran el Ministerio de la Igualdad, a cargo de la vicepresidente Francia Márquez, que apenas alcanzó un 2,75% de ejecución de su presupuesto asignado, y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a cargo de Laura Sarabia, con un 21,2%. La lista continúa con el Ministerio del Deporte (23,9%), el Ministerio del Interior (27,07%) y el Ministerio de Ambiente (27,9%).
El panorama refleja una parálisis administrativa que afecta el cumplimiento de programas clave. En promedio, estas entidades no lograron ejecutar ni el 30% de los recursos disponibles, lo que retrasa obras, programas sociales y proyectos ambientales que dependen de una gestión eficiente.
Recortes presupuestales como consecuencia
El bajo desempeño ha obligado al gobierno a realizar ajustes significativos en los recursos asignados para 2024. El Ministerio del Deporte será el más afectado, con una reducción del 66% de su presupuesto (equivalente a 900 millones de pesos).
Otras reducciones incluyen:
- Ministerio de la Igualdad: recorte del 28%, unos 503 millones menos.
- Dapre: disminución del 47%, equivalente a 560 mil millones de pesos.
- Ministerio de Ambiente: ajuste menor, del 1%.
- Ministerio del Interior: sorprendentemente, no tendrá recortes a pesar de su baja ejecución.
El golpe al Ministerio de la Igualdad
El Ministerio de la Igualdad, creado como una de las grandes promesas de la administración Petro, enfrenta un panorama desalentador. A su baja ejecución presupuestal se suma la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional su creación. Aunque seguirá operando hasta 2026, la falta de resultados genera dudas sobre su continuidad más allá de esa fecha.
El gobierno ha manifestado su intención de presentar nuevamente el proyecto para mantener esta cartera, pero la desconfianza en su gestión actual podría complicar el respaldo del Congreso.
Un problema recurrente en el gobierno Petro
La baja ejecución presupuestal no es un hecho aislado. Desde su inicio, la administración Petro ha mostrado dificultades para ejecutar los recursos asignados. En 2023, las cifras revelaron que, al cierre del primer semestre, la ejecución promedio de los ministerios fue del 29,5%, mientras que, en promedio, las administraciones anteriores alcanzaban un 40% en el mismo período.
A esto se suman retrasos en áreas clave:
- Ministerio de Educación: apenas un 39% de ejecución a mitad de 2023.
- Ministerio de Vivienda: alcanzó un 35% en el mismo lapso.
- Ministerio de Transporte: ejecutó el 31% de su presupuesto.
Estos datos dejan en evidencia un problema estructural en la gestión del gasto público, que afecta tanto el desarrollo de infraestructura como la implementación de políticas sociales.
Consecuencias políticas y sociales
La incapacidad para gestionar eficazmente los recursos tiene implicaciones profundas. Proyectos que prometían mejorar la calidad de vida de los colombianos están detenidos, y la imagen del gobierno se deteriora tanto a nivel interno como internacional.
Además, los recortes presupuestales podrían generar tensiones con comunidades y sectores que dependían de estos recursos para programas de desarrollo, deportivos, ambientales y sociales.
El gobierno Petro enfrenta un reto urgente: demostrar que es capaz de gestionar los recursos públicos de manera eficiente. Si no logra revertir estas cifras y ejecutar los proyectos prometidos, las consecuencias políticas podrían ser devastadoras, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones ya está debilitada.