Durante la audiencia de apelación en el proceso judicial por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el juez 29 de conocimiento de Bogotá confirmó que la Fiscalía General recuperó más de 1.800 mensajes de WhatsApp que habían sido eliminados del teléfono de Daniel Barragán Ovalle, uno de los principales implicados en el caso.
El hallazgo permitió reconstruir parte de la planeación del ataque, incluido el seguimiento al congresista y los movimientos de los implicados tras el intento de homicidio ocurrido en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá.
Según la exposición de la Fiscalía, los mensajes recuperados pertenecían a un grupo de WhatsApp denominado “Plata o Plomo”, conformado por tres personas encargadas de coordinar la logística del atentado. En esas conversaciones se discutieron detalles sobre la ubicación de Uribe Turbay, la obtención del arma y la ruta de escape posterior al ataque.
El juez destacó que la manipulación del dispositivo móvil por parte de Barragán Ovalle formó parte de un plan para ocultar información sensible y desviar la investigación. En su decisión, indicó que el procesado entregó el celular voluntariamente a los investigadores, pero ya con gran parte del contenido eliminado.
“La Fiscalía actuó de manera legal, haciendo uso de medios tecnológicos que permitieron recuperar entre 1.500 y 1.800 chats eliminados. Este material fue clave para sustentar la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia”, señaló el juez durante la diligencia.
En las conversaciones analizadas por los investigadores se evidenció el interés de los implicados por “evadir la justicia” y desaparecer tras la ejecución del atentado. De acuerdo con el expediente, el lenguaje utilizado en los mensajes reflejaba la intención de “perderse” y de coordinar la salida de los autores materiales luego de la acción armada.
Barragán Ovalle enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Según la imputación de la Fiscalía, habría sido el responsable de contactar a los menores de edad que participaron directamente en la ejecución del ataque, además de gestionar la adquisición de la pistola Glock de nueve milímetros utilizada.
El ente acusador estableció también que Barragán tuvo conocimiento del transporte de los miembros del grupo liderado por alias el Costeño y de la ruta de fuga utilizada por los atacantes tras el atentado.
Durante la audiencia, el juez reiteró la gravedad del caso por la naturaleza del delito y el impacto nacional que tuvo el ataque contra el senador. La decisión judicial respaldó el trabajo de la Fiscalía y desestimó los argumentos de la defensa, que cuestionaba la legalidad en la obtención del material probatorio.
El proceso penal contra Barragán Ovalle continúa mientras la Fiscalía avanza en la identificación de los demás implicados y en la reconstrucción completa de la estructura criminal detrás del intento de homicidio.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar los móviles y las responsabilidades que rodearon el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
