El Juzgado 1 de Conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de prisión a César Manrique, exjefe de la Función Pública del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El exfuncionario fue condenado por irregularidades en la contratación del Fondo de Vigilancia en Bogotá durante su gestión en la Alcaldía cuando Gustavo Petro era mandatario de la capital del país.
La sentencia está relacionada con la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Nacional, una adquisición que, según el fallo, generó un detrimento patrimonial de $1.000 millones de pesos.
El proceso, que se inició hace 13 años, llevó a Manrique a ser imputado en 2015 y llamado a juicio en 2016 por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales. En la decisión de este lunes, el juez lo absolvió del primer cargo y lo declaró culpable de los otros dos.
Las motocicletas adquiridas estaban destinadas a la Estación de Policía de Kennedy y fueron compradas por un monto de $4.357 millones de pesos. La Fiscalía argumentó que en la contratación se vulneraron principios de transparencia y selección objetiva, al establecerse sobrecostos en diferentes ítems.
Cada moto tuvo un costo unitario de $29.000.000 millones de pesos, con adiciones de $1.000.000 millón por seguros y $5.000.000 millones por cargadores de batería. Según la Contraloría, estos últimos no fueron encontrados en la inspección, y la Fiscalía concluyó que su costo real no superaba $1.073.000 pesos.
El expediente pasó por varias instancias antes de llegar al Juzgado 1 de Conocimiento, tras haber sido remitido a la Corte Suprema en 2023, cuando Manrique aún ocupaba su cargo en el Ejecutivo. En noviembre, tras su salida del Gobierno, el caso retornó a la justicia ordinaria, y el juez analizó testimonios, documentos y material audiovisual antes de emitir el fallo.
En la audiencia, el juez determinó que el contrato fue adjudicado con un direccionamiento deliberado dentro del Fondo de Vigilancia y que su estructuración no contó con estudios previos ni evaluaciones técnicas independientes. En su análisis, señaló que las pruebas realizadas a las motocicletas fueron empíricas, sin protocolos ni documentación técnica validada.
La Fiscalía apelará la sentencia de 120 meses de prisión, misma medida que adoptarán la defensa y el representante del Distrito como víctima en el proceso.
En otro caso de corrupción que también continua en curso, el nombre de Manrique también ha sido mencionado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación, junto con Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirectivo de la entidad, habría gestionado el traslado irregular de $100.000 millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
En el marco de estas actuaciones, Manrique y otros involucrados habrían facilitado la adjudicación de contratos para plantas desalinizadoras, sistemas de almacenamiento de agua y otras obras a cambio de comisiones. La investigación sobre estos hechos sigue en investigación, mientras la condena por la compra de motocicletas avanza en segunda instancia.
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