El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, presentó una denuncia formal ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con el objetivo de frenar la convocatoria a una consulta popular nacional anunciada por el presidente Gustavo Petro.
La acción fue adelantada a través del bufete Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, entidades que solicitaron una alerta temprana internacional.
En el documento se advierte sobre lo que los firmantes consideran una alteración del orden constitucional, derivada del anuncio presidencial de convocar una consulta popular por decreto, pese a haber sido rechazada por el Congreso de la República el pasado 14 de mayo.
“Ponemos en su conocimiento una situación de grave alteración del orden constitucional en Colombia”, señala el texto remitido a las entidades internacionales. La denuncia argumenta que, según la Constitución colombiana, una consulta popular requiere la aprobación previa del Senado y el control constitucional correspondiente.
La controversia se centra en la decisión del presidente Petro de insistir en la consulta, a pesar de la negativa legislativa. Según los denunciantes, este acto constituiría una usurpación de competencias del Congreso y una posible concentración de poder en la figura presidencial.
El documento presentado también incluye un recuento de declaraciones emitidas por el presidente Petro contra el senador Cepeda, a quien ha acusado públicamente de sabotaje legislativo, corrupción y de buscar un golpe de Estado. Estas declaraciones han sido difundidas a través de redes sociales y actos públicos, y son interpretadas en la denuncia como parte de un patrón de señalamiento contra opositores.
En una publicación del 4 de diciembre de 2024 en la red social X, el mandatario vinculó a Cepeda con intereses económicos contrarios al Gobierno y lo señaló de tener intenciones ilegítimas en su labor parlamentaria.
La denuncia fue respaldada por ocho partidos con representación parlamentaria, los cuales firmaron una declaración conjunta en la que se rechaza el avance de la consulta sin el cumplimiento del trámite legislativo. En el comunicado se afirma que cualquier mecanismo de participación debe seguir el procedimiento legal: origen en el Consejo de Ministros, aprobación del Congreso y revisión constitucional.
Este 5 de junio de 2025, Cepeda reiteró que la consulta rechazada no puede ser convocada por decreto. “Está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto que no cumplió el requisito legal constitucional de ser aprobado por la plenaria del Senado”, manifestó el presidente del Congreso.
Cepeda agregó que el Senado tiene previsto someter a consideración otras dos consultas populares, las cuales, según dijo, permitirán a la ciudadanía constatar la vigencia de la independencia de poderes en Colombia.
Los firmantes del documento presentado ante las instancias internacionales solicitaron al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que emita un pronunciamiento preventivo y exhorte públicamente al respeto del orden institucional. También instaron a las autoridades nacionales a actuar con independencia para evitar una posible crisis institucional.
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