La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se pronunció frente a las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien señaló que el déficit fiscal podría compensarse mediante recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias.
A través de un comunicado, el gremio hizo precisiones de carácter institucional y jurídico. Indicó que los recursos administrados mediante fiducias en proyectos concesionados no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales, sino a recursos con destinación específica asociados a contratos vigentes, cuyo propósito es garantizar la ejecución de obras estratégicas. Según la CCI, estos recursos están directamente vinculados al cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas previamente por el Estado.
La entidad también aclaró que los recursos administrados por las fiducias no alcanzan los 18 billones de pesos mencionados por el mandatario. Al respecto, el presidente ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, señaló que los dineros actualmente disponibles para el pago de obras que se entregan de manera gradual, conforme avanzan los proyectos, ascienden a 6,5 billones de pesos, los cuales son administrados por las fiducias para asegurar la ejecución de las obras.
La Cámara se refirió al planteamiento del presidente de la República sobre la posibilidad de compensar el déficit fiscal con recursos provenientes de concesiones viales de cuarta y quinta generación, en caso de que no prospere la emergencia económica. Según el gremio, la exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos administrados en fiducias introduce el debate sobre el uso de la infraestructura como mecanismo de ajuste fiscal.
La CCI señaló que, mientras el Gobierno ha manifestado la necesidad de disponer de recursos para atender deudas del Estado, al mismo tiempo se han puesto en discusión los desembolsos de vigencias futuras, las cuales corresponden a compromisos de pago asumidos por la Nación. Para el gremio, esta situación representa un cambio en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones y tiene implicaciones para la estabilidad jurídica y financiera del sector, en un contexto de anuncios recientes que afectan proyectos ya contratados.
Como antecedente, la Cámara mencionó la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, decisión que derivó en la reversión del proyecto al Estado. De acuerdo con el gremio, esta medida tiene efectos sobre la conectividad, la logística y la competitividad de esa región.
A este caso se suman los anuncios relacionados con el proyecto Autopistas del Café. La CCI indicó que la manifestación pública sobre una eventual terminación anticipada del contrato y la eliminación de los peajes se produjo sin que exista, hasta el momento, una disposición contractual que lo permita. Aunque el contrato continúa vigente, el gremio señaló que estos anuncios han tenido efectos sobre la planeación del proyecto y la relación contractual.
De manera paralela, la Cámara advirtió sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló–Loboguerrero. Según el gremio, la reducción de recursos, cercana a un billón de pesos, compromete obras relacionadas con la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente del país y el comercio exterior.
La CCI indicó que estos recortes afectan la planeación de largo plazo y el cumplimiento del marco jurídico que obliga al Gobierno a garantizar los recursos necesarios para los proyectos. Añadió que el inicio de estas obras depende de decisiones ambientales que corresponden exclusivamente al Gobierno nacional, por lo que los posibles retrasos no serían responsabilidad de las concesiones a cargo de las iniciativas.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura recordó que las concesiones viales son un instrumento de política pública y cumplen una función social. Señaló que las obras financiadas con estos recursos impactan a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos y se reflejan en condiciones de movilidad, acceso y conectividad. También destacó las políticas orientadas a la compensación ambiental derivada de la ejecución de las obras.
En este contexto, la CCI presentó las siguientes cifras asociadas a los proyectos de infraestructura:
- Aproximadamente 1.100 programas de sostenibilidad ambiental.
- Cerca de 3 millones de árboles plantados.
- 1,2 billones de pesos invertidos en programas medioambientales.
- 2,5 millones de elementos arqueológicos hallados.
- 21.560 predios gestionados a nombre del Estado.
- Más de 800 programas sociales.
- Más de 117.000 millones de pesos en inversión social.
- Más de 1,6 millones de personas impactadas.
La Cámara concluyó que las terminaciones anticipadas de contratos, los anuncios sobre proyectos vigentes, los recortes presupuestales y las exhortaciones fiscales hacen parte de un mismo escenario que, en conjunto, puede afectar la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad del modelo de concesiones.
Finalmente, la CCI reiteró que la defensa de la institucionalidad del sector busca garantizar la ejecución de las obras públicas, el respeto por las reglas vigentes y la capacidad de planear el desarrollo a largo plazo. El gremio manifestó su disposición a mantener un diálogo técnico y llamó a preservar la infraestructura como una política de Estado y no como un mecanismo coyuntural de ajuste fiscal.
