El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, al aumentar el déficit fiscal y deteriorar las perspectivas de sostenibilidad de la deuda. Así lo señaló el organismo en su Comunicado No. 22, fechado el 2 de enero de 2026.
De acuerdo con el CARF, el aumento del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), establecido mediante el decreto 1469 de 2025, incrementaría el déficit fiscal “en, al menos, COP 5,3 billones (0,3% del PIB) en 2026 y en COP 8 billones (0,4% del PIB) de 2027 en adelante”. El Comité indicó que este mayor déficit “aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”.
En el documento, el CARF explicó que, si bien el salario mínimo ha registrado un crecimiento real promedio de 1,2 puntos porcentuales en las últimas dos décadas, el aumento decretado para 2026 implica un crecimiento real cercano al 18,5 %, una variación considerablemente superior a la tendencia histórica. El organismo aclaró que sus cálculos son “preliminares y parciales” y que podrían ser revisados si se dispone de nueva información relevante, ya que existen canales de impacto fiscal que no han sido incluidos en las estimaciones actuales.
El Comité identificó varios mecanismos a través de los cuales un aumento del salario mínimo afecta las finanzas públicas tanto en el corto como en el mediano plazo. Entre ellos se encuentra el mayor gasto en pensiones del régimen de prima media correspondientes a personas que reciben alrededor de un salario mínimo, así como el incremento en las erogaciones salariales para los funcionarios públicos que devengan ese nivel de ingresos. En materia de ingresos, el CARF señaló que el aumento de los costos laborales podría traducirse en una reducción del recaudo del impuesto de renta corporativo, como consecuencia de una disminución parcial en los márgenes de utilidad de las empresas.
El comunicado también advierte sobre otros factores que impactan las finanzas públicas y que no pudieron ser cuantificados. Entre ellos se encuentra el aumento del Índice Base de Cotización (IBC), que se utiliza para calcular la tasa de reemplazo de las pensiones en el régimen de prima media, así como el mayor gasto del Gobierno en bienes y servicios, como vigilancia y aseo. Además, el incremento del SMMLV eleva el valor de las pensiones de rentas vitalicias del Régimen de Ahorro Individual, las cuales se ajustan con base en el salario mínimo y no en el Índice de Precios del Consumidor.
Según el CARF, cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación y la productividad, “está contemplado un mecanismo de cobertura que establece que el Gobierno responderá por el faltante financiero requerido para cubrir el acervo que respalda esas pensiones”. A esto se suma que el salario mínimo suele ser un referente para las negociaciones salariales del sector público y podría influir en las discusiones sobre el aumento salarial de 2027.
Los cálculos preliminares indican que el mayor gasto en pensiones representaría alrededor de COP 4,7 billones adicionales, mientras que el impacto sobre los salarios de los funcionarios públicos sería de aproximadamente COP 0,6 billones. A partir de 2027, el Comité estima que el recaudo del impuesto de renta podría reducirse en cerca de COP 2,7 billones, sin considerar posibles efectos sobre el empleo formal.
En su conclusión, el CARF señaló que “la decisión de incremento de 23% en el SMLV genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica”, reiterando que el mayor déficit compromete el ajuste fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública.
