En las últimas horas, uniformados de la Policía Nacional capturaron a Diego Alejandro Pérez Ramírez, quien hacía parte del cartel de las 18 personas más buscadas en Antioquia por la presunta comisión de delitos contra niñas y mujeres.
La detención se registró en el municipio de Rovira, ubicado a una hora de Ibagué, en el departamento del Tolima. Pérez Ramírez, de 28 años de edad, era requerido por las autoridades judiciales y contaba con una orden de captura vigente. Por información que permitiera su ubicación y captura, la Gobernación de Antioquia había dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
De acuerdo con la información oficial, la orden de captura fue expedida por el Juzgado Promiscuo Primero Municipal de Betania, por el delito de acto sexual violento agravado. Los hechos por los cuales es investigado habrían ocurrido el 10 de octubre de 2023, según consta en el proceso judicial que adelantan las autoridades competentes.
Tras su captura, Diego Alejandro Pérez Ramírez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con el proceso de judicialización correspondiente. Será esta institución la responsable de adelantar las diligencias necesarias y de presentarlo ante un juez de control de garantías, conforme a lo establecido en el procedimiento penal colombiano.
La captura de Pérez Ramírez se suma a otras acciones recientes adelantadas por las autoridades en el marco de la búsqueda de personas requeridas por delitos sexuales en el departamento de Antioquia. Entre estos casos se encuentra la captura de Freddy Gil Hernández, quien era buscado por el delito de acceso carnal abusivo en el municipio de San Rafael.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la entrega voluntaria de José Miguel Álvarez Ramos, quien tenía una orden de captura vigente por actos sexuales con menor de 14 años en el municipio de San Juan de Urabá. Esta entrega se produjo ante las autoridades competentes, lo que permitió avanzar en el proceso judicial correspondiente.
Las autoridades reiteraron que estas capturas y entregas forman parte de las acciones institucionales orientadas a dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los jueces de la República y a garantizar que las personas requeridas por la justicia comparezcan ante los estrados judiciales.
Desde los organismos de seguridad y judiciales se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para ubicar a personas con órdenes de captura vigentes, así como en la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de denuncia y seguimiento de los procesos judiciales relacionados con delitos sexuales.
Los casos mencionados continúan bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de definir los pasos procesales a seguir, de acuerdo con las pruebas recaudadas y los procedimientos establecidos en la ley.
