El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el nuevo sistema de expedición de pasaportes no iniciará el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que vence el contrato actual con la empresa Thomas Greg & Sons.
La advertencia fue emitida oficialmente en respuesta a un derecho de petición enviado por la senadora Angélica Lozano, quien alertó sobre el riesgo de una eventual crisis institucional ante la falta de garantías para la continuidad del servicio.
En la comunicación enviada el pasado 7 de julio, la Cancillería reconoció que no existe un acuerdo firmado con la Casa de la Moneda de Portugal, entidad designada para asumir la producción de los nuevos pasaportes. Además, se informó que, en caso de firmarse dicho convenio, se requerirían hasta 35 semanas para iniciar la operación, lo que haría inviable su implementación antes del vencimiento del contrato vigente.
“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para la continuidad de la expedición de pasaportes”, indicó la senadora Lozano al hacer públicos los detalles de la respuesta.
Entre los puntos destacados por el Ministerio se encuentran:
- Ausencia de un acuerdo firmado con Portugal: No hay términos ni condiciones establecidas para formalizar el convenio de cooperación.
- Tiempos de implementación del nuevo modelo: La Casa de la Moneda portuguesa requiere hasta 35 semanas para operar, una vez firmado el convenio.
- Falta de infraestructura local habilitada: No existe una planta de producción nacional lista para asumir la fabricación de los documentos.
- Inexistencia de vigencias futuras: No se han constituido los recursos presupuestales necesarios para garantizar el servicio más allá del 7 de agosto de 2026.
Frente a este panorama, el Ministerio confirmó que se trabaja en una declaratoria de urgencia manifiesta para suscribir un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons. En el documento oficial se señala que “el texto del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, así como los documentos precontractuales del nuevo contrato, se vienen desarrollando para garantizar la continuidad del servicio”.
Aunque esta posibilidad había sido descartada públicamente por el jefe de despacho, Alfredo Saade, el mismo Ministerio confirmó que se avanza en dicha alternativa ante la falta de condiciones para implementar el nuevo modelo.
La senadora Lozano insistió en que la falta de un plan estructurado, la ausencia de previsión presupuestal y la improvisación en la toma de decisiones pueden derivar en una afectación directa a los derechos fundamentales de millones de ciudadanos que requieren el pasaporte para estudiar, trabajar, viajar o reencontrarse con sus familias.
“No estamos hablando de un trámite administrativo. Estamos hablando del documento que permite a los colombianos viajar, estudiar, o reunirse con sus familias”, señaló Lozano, quien reiteró su llamado a los órganos de control para que investiguen los hechos y se actúe con celeridad ante la posibilidad de una interrupción en el servicio.
