La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtió sobre los riesgos económicos, fiscales y laborales que, a su juicio, genera el incremento del salario mínimo mensual legal vigente del 23,7 %, fijado por decreto por el Gobierno Nacional.
A través de un pronunciamiento oficial, el gremio manifestó su preocupación por lo que considera una decisión adoptada “sin una sustentación técnica suficiente y desconectada de las condiciones reales de la economía”, en un contexto marcado por restricciones fiscales y necesidades urgentes de financiación del presupuesto nacional.
Si bien la CCI reconoció la importancia de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar las condiciones de vida de los hogares, insistió en que las decisiones salariales deben responder a criterios objetivos como la productividad, la inflación y la capacidad real de pago de los sectores productivos, en especial de aquellos intensivos en mano de obra formal.
“El sector de la infraestructura cumple un papel estratégico en la generación de empleo formal, la dinamización regional y la competitividad del país”, señaló el presidente ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer. Sin embargo, advirtió que “un incremento del salario mínimo de esta magnitud eleva de forma inmediata los costos laborales de proyectos de obra pública y concesiones, presiona los presupuestos contractuales y pone en riesgo la viabilidad financiera de iniciativas clave para el desarrollo”.
De acuerdo con el gremio, el impacto sería particularmente fuerte para las pequeñas y medianas empresas del sector. “Pero sobre todo impacta de manera negativa a las pymes de ingeniería que representan más del 90 % del sector”, recalcó Caicedo Ferrer.
La Cámara también cuestionó la coherencia de la medida en medio del actual escenario fiscal del país. “Resulta además contradictorio que, en medio de restricciones fiscales y de necesidades urgentes de financiación para el presupuesto nacional, se adopten decisiones que incrementan de forma significativa el gasto público asociado a la nómina y a los contratos estatales”, indicó la organización, al advertir que los impactos superarían ampliamente los recursos disponibles.
Finalmente, la CCI hizo un llamado al Gobierno Nacional para retomar espacios de concertación técnica. Según el gremio, es necesario avanzar hacia “un diálogo técnico, responsable y basado en evidencia”, que permita definir una política salarial acorde con la realidad económica del país, garantizando la sostenibilidad fiscal, la preservación del empleo formal y la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo y la equidad territorial.
