La Corte Federal de Miami impuso cadena perpetua a Stefan Andrés Correa, ciudadano con nacionalidad estadounidense-ecuatoriana, tras ser hallado culpable por tentativa de tráfico sexual de menores e intento de viaje para participar en actos sexuales con menores de edad. La condena se concreta tras un proceso conjunto que involucró a la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la alcaldía de Medellín y la agencia HSI de Estados Unidos.
Correa fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami mientras se disponía a regresar a Colombia, en el marco de la operación “Cazador”, una acción binacional que desde abril de 2024 permitió identificar y desarticular una estructura criminal dedicada a la captación y explotación de niñas entre 9 y 12 años, en su mayoría residentes en Medellín. Durante las investigaciones, se confirmó que Correa había ingresado 45 veces a Colombia, utilizando el alias de “Cris” para acercarse a menores con ofrecimientos de dinero, dispositivos electrónicos y alojamiento.
El proceso judicial avanzó con pruebas obtenidas de análisis técnicos a 58 videos y más de 100 fotografías, además de entrevistas forenses realizadas a víctimas menores de edad. Estas pruebas permitieron consolidar el material probatorio que sustentó la condena en su contra.
En una fase posterior de la operación, realizada en abril de 2025, las autoridades en Medellín capturaron a dos mujeres acusadas de proxenetismo con menores y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Estas capturas fueron ordenadas por un Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías, con el propósito de continuar desmantelando la red de explotación sexual que operaba en la ciudad.
La Policía Nacional de Colombia reiteró que este tipo de resultados reflejan la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos de explotación sexual que trascienden fronteras. Además, recordó a la ciudadanía que la protección de niños, niñas y adolescentes es un compromiso inquebrantable que requiere la denuncia de cualquier hecho que vulnere sus derechos, habilitando la línea de emergencia 123 para reportar situaciones de riesgo.
La sentencia contra Correa representa un paso firme en la lucha contra redes transnacionales de abuso infantil, mostrando que la articulación entre agencias permite cerrar espacios de impunidad en delitos que afectan la integridad de los menores de edad.
