La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, por presunta participación indebida en política.
La acción fue interpuesta tras una publicación realizada por Vélez en redes sociales, en la que promovió la consulta interna del Pacto Histórico celebrada el pasado 26 de octubre. De acuerdo con Cabal, dicha actuación podría constituir una violación del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que establece prohibiciones expresas para los servidores públicos en materia de participación política.
Según la senadora, la conducta de la ministra (E) vulneraría los artículos 38, 39 y 60 del mencionado código, los cuales impiden a los funcionarios públicos usar su cargo o posición institucional para intervenir o influir en procesos electorales o en controversias políticas de carácter partidista.
En el documento radicado, Cabal sostiene que el comportamiento atribuido a Irene Vélez podría configurarse como una falta gravísima, al considerar que la funcionaria habría utilizado su posición en el Ministerio para respaldar actividades de un partido o movimiento político. El texto cita el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que sanciona la participación en actividades políticas o la presión a particulares o subalternos para apoyar una causa o campaña.
“La ley es para todos. Ser petrista no los exime de cumplirla”, afirmó la senadora Cabal, al recordar que los servidores públicos están sujetos al principio de legalidad y deben mantener neutralidad política en el ejercicio de sus funciones.
En su solicitud, la congresista pide a la Procuraduría que se analicen los hechos y se determine si efectivamente se configuró una falta disciplinaria por parte de Vélez Torres. De comprobarse la infracción, solicita que se impongan las sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en la ley.
La queja señala que el uso del poder público para fines políticos afecta la institucionalidad y la confianza ciudadana, principios fundamentales del Estado de Derecho.
María Fernanda Cabal reiteró que su denuncia busca garantizar la igualdad ante la ley y la aplicación de las normas disciplinarias a todos los funcionarios públicos, sin distinción de filiación política. Según la senadora, es necesario que los organismos de control actúen frente a posibles vulneraciones del deber de imparcialidad y respeto por las normas que rigen la función pública.
