En una carta firmada por nueve representantes de la bancada independiente en la Cámara, se rechazó la intención del Ejecutivo de avanzar con esta figura sin la aprobación previa del Senado, como lo establece la Constitución Política de 1991.
La misiva fue suscrita por los congresistas Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Jennifer Pedraza, David Carvalho, Cristian Danilo Avendaño, Alejandro García Ríos, Carolina Giraldo Botero, Juan Sebastián Gómez y Julia Miranda.
En ella, los firmantes manifestaron que la vía decretada por el presidente constituye un “riesgo inminente para la integridad del orden administrativo, legal y constitucional”, y que podría generar desestabilización jurídica, política y fiscal, considerando que el costo del mecanismo superaría los $700.000 millones.
Los representantes hicieron un llamado a las altas cortes, a la Registraduría Nacional y a los actores institucionales del país para que, según el texto, se alineen con la Carta Magna y rechacen el procedimiento anunciado por el mandatario. De igual forma, se alertó sobre el uso del proceso como instrumento de movilización electoral, en un contexto de creciente polarización.
El pronunciamiento tuvo lugar luego de que Petro anunciara públicamente su intención de firmar el decreto en los próximos días, insistiendo en que será la Corte Constitucional la que defina la legalidad del mismo. “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político”, afirmó el jefe de Estado durante una alocución, donde recalcó que su decisión se ampara en el principio de soberanía popular.
En esa misma intervención, el Presidente cuestionó el procedimiento legislativo con el que fue rechazado el proyecto en el Senado. Petro aseguró que no se garantizó el derecho al voto de todos los senadores presentes y argumentó que el trámite incumplió con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 5 de 1992. En ese sentido, señaló directamente al senador Efraín Cepeda, acusándolo de manipular el proceso y de incurrir en lo que calificó como actos de “vagabundería”.
En sus redes sociales, el mandatario sostuvo que “el Senado no hundió la consulta popular” y que, ante la falta de una votación en regla, el Ejecutivo estaría facultado para actuar por decreto una vez transcurrido el plazo de 30 días sin una decisión formal. Según Petro, este curso de acción tendría sustento legal.
Las declaraciones del presidente se produjeron en medio de un clima político marcado por divisiones entre el Ejecutivo y sectores del Congreso, incluida la bancada, que no se alinea ni con la coalición de Gobierno ni con la oposición.
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