La Procuraduría General de la Nación advirtió un incremento de denuncias por delitos sexuales contra menores de edad en entornos escolares de Bogotá y llamó la atención del Distrito para reforzar las acciones de prevención y protección.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación, 51,13% de las 6.997 denuncias por este delito registradas en la capital corresponden a hechos ocurridos en colegios públicos y privados, lo que representa unas 3.755 denuncias.
El organismo de control informó que la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción solicitó a las autoridades del Distrito, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Personería de Bogotá información detallada sobre planes, rutas y estrategias para atender casos de abuso o acoso sexual en instituciones educativas.
El llamado se da tras casos recientes como el de una docente de un colegio de Kennedy enviada a prisión por presuntos actos sexuales con menor de 14 años agravado, ocurridos entre el 30 de abril y el 13 de junio de este año. Según la Fiscalía, la señalada habría aprovechado espacios académicos para realizar tocamientos a la víctima, hechos que fueron denunciados por sus familiares.
En el Concejo de Bogotá, la cabildante Rocío Dussán alertó sobre un nuevo caso en la localidad de Bosa, en el que una menor de 11 años habría sido agredida por un estudiante de la misma institución. Según la concejal, este hecho evidencia que los protocolos deben cobijar no solo a docentes sino también a estudiantes.
Datos del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación señalan que, en lo corrido del año, el 55,2% de las denuncias por delitos sexuales en menores han ocurrido en entornos educativos. En 3.641 de los casos, el presunto agresor fue un compañero de estudio.
En respuesta, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social implementaron desde el 18 de julio la presencia permanente de comisarios de familia en procesos disciplinarios escolares, para acompañar la toma de testimonios de menores de edad. Esta estrategia ya ha intervenido en nueve procesos, según datos oficiales.
La secretaria de Educación, Isabel Segovia Ospina, indicó que esta medida busca asegurar que los niños y adolescentes puedan declarar con garantías en procesos por presunta vulneración de sus derechos.
Durante la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría, las entidades acordaron mantener acciones conjuntas para atender y prevenir estos casos, fortalecer el acompañamiento a las víctimas y promover el reporte oportuno de los hechos en el Sistema de Alertas.
