La Defensoría del Pueblo de Colombia encendió las alarmas ante el preocupante incremento de violencia contra la población transgénero, especialmente hacia mujeres trans, quienes enfrentan una oleada de agresiones físicas, psicológicas y sexuales en todo el país.
Santander, Norte de Santander, Meta, Antioquia y Valle del Cauca lideran la lista de departamentos con mayores casos reportados, reflejando una realidad alarmante que sigue siendo ignorada por las instituciones.
Un incremento preocupante
Entre enero y octubre de 2024, la Defensoría atendió 258 casos de violencia por prejuicio hacia personas transgénero y no binarias, lo que significa un aumento del 29.6% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 199 casos.
Según la Fiscalía General de la Nación, 26 personas transgénero han sido asesinadas este año, un promedio de dos homicidios por mes. Este aumento de la violencia no solo evidencia el odio sistemático contra esta población, sino también la ineficacia del Estado para garantizar sus derechos más básicos.
Violencia institucional y barreras estructurales
La Defensoría ha señalado que la violencia contra las personas transgénero no se limita a agresiones en las calles. Existen barreras profundas en el acceso a servicios esenciales:
- Salud: La discriminación y el maltrato en los servicios de atención médica persisten, dejando a muchas personas trans sin acceso a tratamientos adecuados.
- Justicia: Las personas trans enfrentan un sistema judicial indiferente, donde sus denuncias suelen ser ignoradas o mal atendidas.
- Cárceles: En contextos penitenciarios, las personas transgénero son víctimas frecuentes de abuso y negligencia.
A pesar de los avances legales y constitucionales en favor de los derechos LGBTIQ+, estas barreras institucionales perpetúan un círculo de violencia y exclusión que parece no tener fin.
El llamado de la Defensoría al Gobierno
Ante esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha pedido al Gobierno nacional medidas urgentes para proteger a la población trans:
- Implementación del CONPES-LGBTIQ+: Se requiere destinar recursos técnicos y económicos para garantizar su aplicación efectiva.
- Actualización de la Política Pública Nacional LGBTI: Un paso esencial para adaptar las estrategias de protección a las realidades actuales.
- Creación de un mecanismo integral de atención y prevención: La Defensoría insta a la puesta en marcha del “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+”, que permitiría una respuesta coordinada entre instituciones.
La violencia hacia las personas trans no es un problema aislado ni reciente; es el resultado de años de discriminación, indiferencia estatal y falta de políticas efectivas.
En un país que se precia de tener una de las legislaciones más avanzadas en derechos LGBTIQ+ de la región, las cifras de violencia revelan una desconexión entre el marco normativo y su aplicación real.
