Los anuncios que se han conocido esta semana de parte del gobierno de Donald Trump sobre su interés de ampliar su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, han intensificado las tensiones entre varios gobiernos de la región y el país del norte.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a la relación del régimen de Nicolás Maduro con redes de narcotráfico en una entrevista en el programa The World Over de Raymond Arroyo.
Rubio respaldó la decisión del presidente estadounidense de designar a seis carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas sobre los cuales se habría firmado una orden secreta para emplear fuerza militar estadunidense de manera directa contra estas bandas del crimen organizado.
Marco Rubio aseguró que la decisión del presidente estadounidense de designar a seis carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas otorga «autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes».
El gobierno de Estados Unidos anunció un aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. Autoridades como la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Estado Marco Rubio lo vinculan directamente con organizaciones criminales como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y Sinaloa, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza a la seguridad nacional estadounidense.
Las acciones y anuncios de Trump, aumentan la presión sobre el gobierno chavista y tensan las relaciones regionales, al tiempo que reabren el debate sobre los límites legales del poder militar y la soberanía de los Estados vecinos.
Desde Venezuela se escucharon pronunciamientos de rechazo de las autoridades del régimen chavista:
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmóque la recompensa parece sacada de una película del oeste, ilegal y desesperada, violatoria de los principios de autodeterminación y del derecho internacional.
El fiscal general Tarek William Saab también intervino, calificando esta recompensa como una violación flagrante del Derecho Internacional, un atentado contra la soberanía venezolana y una grave intromisión en los asuntos internos del país
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