Este lunes 15 de diciembre, continúa la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia marca un momento clave del proceso, pues daría paso a las intervenciones de la Procuraduría General de la Nación, los representantes de las víctimas y las defensas, antes de que se defina si los procesados quedan o no privados de la libertad.
El primero de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Durante esa audiencia, adelantada ante una magistrada con función de control de garantías, ambos exfuncionarios se declararon inocentes de los cargos formulados por el ente investigador.
En esa misma diligencia, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra los dos exministros mientras avanza el proceso penal. La competencia de la Corte Suprema se sustenta en el fuero constitucional que cobijaba a los investigados al momento de los hechos, ocurridos entre 2022 y 2023, cuando ambos ejercían cargos ministeriales.
La audiencia que se lleva a cabo este lunes permitirá que la Procuraduría se pronuncie sobre la gravedad de las conductas imputadas y el impacto de los hechos en el interés público. También intervendrán los apoderados de las víctimas acreditadas y las defensas de Bonilla y Velasco. Con base en estos planteamientos, la magistrada tomará una decisión de fondo antes del 18 de diciembre sobre la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida restrictiva de la libertad.
Según la imputación, la Fiscalía sostiene que los entonces ministros hicieron parte de un esquema destinado a direccionar contratos públicos para favorecer a determinados congresistas. El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, habría sido asegurar apoyos legislativos a iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional.
Entre los elementos citados se encuentran testimonios como el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien relató reuniones y órdenes impartidas desde los despachos ministeriales.
La Fiscalía indicó que dichos encuentros se habrían realizado en las sedes de los ministerios del Interior y de Hacienda, en el centro de Bogotá, donde se habrían dado instrucciones a funcionarios y asesores para orientar proyectos, contratos o convenios en Invías y la UNGRD.
En palabras de la fiscal del caso, los exministros “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública”, en el marco de la tramitación de proyectos de ley.
El proceso entra en una etapa en la que se definirá si los exministros enfrentan el avance del juicio bajo una medida de aseguramiento o en libertad, mientras el expediente continúa su trámite ante la Corte Suprema de Justicia.
