La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín, solicitará medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, quien se desempeñó como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero Calle, entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
La diligencia judicial fue programada para el próximo “lunes, 26 de enero de 2026 a las 3:30 p.m.” y corresponde a una audiencia de “formulación de imputación y medida de aseguramiento”, dentro del proceso identificado como “SPOA 05001600024820242355900, N.I. 278159”, en el que figura como indiciado “JUAN DAVID PALACIO CARDONA Y OTROS”, por la conducta punible de “interés indebido en la celebración de contratos y otros”.
De acuerdo con la notificación judicial conocida por IFMNOTICIAS, la audiencia se realizará de manera virtual a través de las plataformas Microsoft Teams o Lifesize y estará a cargo de un Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías, que enviará oportunamente el enlace al correo electrónico de las partes para unirse a la diligencia.
Según la Fiscalía, los hechos investigados están relacionados con irregularidades sistemáticas en seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo valor conjunto supera los 18.656 millones de pesos. Todos los contratos habrían sido tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que incluían actividades y suministros que, de acuerdo con el ente acusador, no eran compatibles con esa causal excepcional.
Las investigaciones sostienen que estos contratos evidenciarían un interés indebido para favorecer a personas cercanas, en detrimento del interés general y del patrimonio público, configurando presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, como resultado de este entramado se habría producido el apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos de recursos públicos, dineros que estaban destinados a la gestión del riesgo y a la atención de emergencias en todo el territorio del Área Metropolitana, pero que habrían sido desviados mediante un esquema contractual diseñado desde la alta dirección de la entidad.
La audiencia no se limitará a la situación jurídica de Palacio Cardona. En la misma diligencia serán presentadas ante el juez Ana María Roldán Ortiz, quien se desempeñó como subdirectora ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre el 21 de julio de 2020 y el 18 de abril de 2021, y Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo desde el 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y además actuó como ordenadora del gasto, rol clave en la ejecución de los contratos cuestionados.
Dentro de este mismo proceso penal ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que, según la Fiscalía, evidencia que no se trataría de hechos aislados sino de una presunta estructura organizada que habría operado durante varios años dentro de la administración metropolitana en el periodo 2020–2023, coincidente con el gobierno de Daniel Quintero Calle.
Palacio Cardona pertenece al círculo más cercano de los hermanos Quintero y su nombre ha estado asociado al entramado de corrupción que, según las investigaciones, se habría gestado en la Alcaldía de Medellín a través de Miguel Quintero, señalado como el “poder detrás del poder”, quien habría direccionado contratos y el presunto saqueo de recursos públicos de entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques.
Un dato adicional que rodea este proceso es que Óscar Iván Palacio, padre de Juan David Palacio Cardona, es actualmente candidato al Senado de la República por el Partido Verde.
Este nuevo avance judicial profundiza el cerco penal sobre exfuncionarios de alto nivel de la administración 2020–2023 y refuerza la indignación ciudadana frente al presunto uso indebido de recursos públicos destinados a la seguridad, la gestión del riesgo y la protección de la vida, hoy en el centro de uno de los escándalos más graves que sacuden al Valle de Aburrá.
