La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero de 2026, provocó una cadena de reacciones en el escenario político y económico colombiano.
El anuncio fue realizado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien justificó la medida al señalar una falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
Según lo expresado por Noboa en X, el gravamen se aplicará a todos los productos colombianos que ingresen al mercado ecuatoriano y se mantendrá vigente hasta que, a su juicio, exista un compromiso conjunto para enfrentar estas economías ilegales. La medida fue presentada como una acción de presión en el marco de la seguridad fronteriza.
Las declaraciones del mandatario ecuatoriano generaron respuestas inmediatas desde distintos sectores en Colombia. El expresidente Iván Duque afirmó que la decisión de Ecuador es consecuencia de las políticas de seguridad del actual Gobierno colombiano.
En su pronunciamiento, sostuvo que la cooperación bilateral se debilitó y que las organizaciones criminales ampliaron su margen de acción, lo que, según indicó, ha tenido efectos directos en Ecuador.
En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal atribuyó la imposición del arancel a la gestión del presidente Gustavo Petro y señaló que los principales afectados serán los productores colombianos. En su mensaje, afirmó que la medida impacta a sectores que no tienen responsabilidad en las decisiones de seguridad y cuestionó la falta de acciones contra los grupos ilegales en la frontera. También recordó la visita del presidente Petro a Manta, en Ecuador, tras la posesión de Noboa, y señaló que no estuvo orientada a coordinar estrategias de seguridad.
La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la medida como una consecuencia de la política de “Paz Total” y mencionó al senador Iván Cepeda como uno de los responsables de su diseño e implementación. Por su parte, la senadora Paola Holguín calificó como grave el señalamiento hecho por el presidente ecuatoriano sobre la falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
El sector económico también reaccionó al anuncio. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de Anif, advirtió que el arancel del 30% tendría efectos para ambos países y explicó que productos colombianos como vehículos, farmacéuticos, aceites y azúcares tienen en Ecuador un destino relevante dentro de sus exportaciones totales.
A estas voces se sumó la aspirante presidencial Vicky Dávila, quien dirigió un mensaje al presidente Noboa en el que afirmó que los colombianos no son responsables de las decisiones del Gobierno Petro y expresó su disposición a trabajar con Ecuador en un eventual escenario electoral. En su pronunciamiento, señaló que los aranceles afectan mercados, empresas y consumidores de ambos países.
Desde el gremio empresarial, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, cuestionó el uso de restricciones comerciales como mecanismo de presión en asuntos de seguridad. Indicó que estas decisiones generan incertidumbre en los sectores productivos y en los consumidores, y planteó un llamado tanto al Gobierno ecuatoriano para reconsiderar la medida como al Gobierno colombiano para profundizar la cooperación contra el crimen organizado transfronterizo.
En un segundo mensaje, afirmó que la imposición del arancel representa el inicio de una confrontación comercial con efectos directos en las economías de ambos países.
