El Gobierno Nacional y el Congreso siguen sin llegar a un acuerdo en torno a la Ley de Financiamiento, lo que ha llevado a un nuevo aplazamiento en la radicación de su ponencia.
Según se conoció, se esperaba que este 2 de diciembre se presentaran los ajustes finales al proyecto, pero las discrepancias entre las partes han retrasado el proceso, complicando el panorama legislativo para su aprobación antes del cierre de sesiones ordinarias el próximo 16 de diciembre.
Un proyecto en constante transformación
La propuesta original, que buscaba recaudar 12 billones de pesos, ya ha sufrido múltiples modificaciones que la han dejado en un recaudo estimado de 10 billones. A pesar de estos ajustes, aún hay temas pendientes por debatir y afinar, lo que ha generado tensiones tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.
Este nuevo aplazamiento pone en riesgo la posibilidad de incluir la ponencia en el cronograma legislativo, aumentando la presión para que los parlamentarios logren conciliar los puntos más controversiales de la iniciativa.
El tiempo se convierte en el principal enemigo del Gobierno, ya que las sesiones del Congreso culminan en menos de dos semanas. Si la ponencia no se radica y discute en los próximos días, el proyecto podría quedar archivado, lo que representaría un duro revés para las metas económicas del Ejecutivo.
