Por: José Ignacio Penagos Hincapié
Siempre he escuchado que la ley es igual para todos, que no distingue de raza, color de piel, estratos sociales, rangos de poder. La sentencia siempre fue la misma: la ley cobija a todos por igual.
En tiempos en los que las polarizaciones son la máxima, es un riesgo por correr, al escribir estas líneas que simplemente llaman la atención sobre el caso del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. En ningún momento soy opositor o contrario al señor Gaviria, pero tampoco soy de sus adeptos políticos, simplemente soy un periodista neutral que observa unos hechos que parecerán contradecir esa frase con la que inicié este artículo.
Y es que pareciera que el gobernador Gaviria tiene privilegios especiales que nadie en su situación puede tener, al estar cobijado bajo la medida de prisión domiciliaria, un beneficio al que tiene derecho pero que, desde todo punto de vista, le limita sus derechos de acuerdo con las leyes, al estar privado de la libertad.
Desde el mismo momento en que fue notificada y aplicada la medida, Gaviria ha violado el régimen penitenciario que es obligatorio para todas las personas que están privadas de la libertad, independiente de la condición de sindicado, investigado, condenado o la que sea; el hecho es que el señor gobernador es una persona cobijado por una medida que, bien podría ser intramural, pero por su condición de Gobernador y la calidad de lo que se le imputa, le da el privilegio de estar en su casa.
Pero el que pueda estar en su casa, no le da derecho a pasar por encima de la ley. No existe en Colombia ninguna persona privada de la libertad, que pueda usar redes sociales, sostener comunicación permanente con quien quiera, convocar a ruedas de prensa, hablar sin restricción en medios de comunicación, recibir visitas, realizar reuniones y actuar como si no tuviera restricción alguna; excepto el Gobernador Aníbal Gaviria.
En un departamento de Antioquia que por estos días se ha solidarizado con su situación, como bien lo he hecho yo mismo, no puede confundirse la solidaridad con la complacencia y el silencio ante la violación a la ley y a las normas del régimen penitenciario vigente en Colombia.
Nadie más que quien escribe, le desea al señor Gaviria que pueda aclarar su situación y pueda volver a disfrutar de su libertad a plenitud, pero como ciudadano y periodista, no puede dejar de ver lo que todos ven, critican y nadie dice ni le preguntan abiertamente.
Los ciudadanos sí le preguntamos la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, porqué permite que el Gobernador de Antioquia puede hacer uso de todos los recursos de comunicaciones, cuando el artículo 16 A de la ley 56 de 1993 en su nuevo texto que fue reformado en el artículo 9 de la ley 1709, especifica las restricciones y consideraciones de las telecomunicaciones de los denominados reclusos.
Consultando a un experto y reconocido abogado, me dice: “El Sr Gaviria te puede salir con que el no está en una cárcel, ni en una penitenciaría, que él no está condenado aún.
Pero lo que parece ser que se le olvidó es que él no está ni de vacaciones, ni de licencia, ni incapacitado; sino que está EN DETENCIÓN DOMICILIARIA como MEDIDA DE SEGURIDAD y que no está en Yarumito o en Bellavista, en Pedregal, ni en la Modelo, ni en la Picota o incluso en Combita, Itagüí o Valledupar; pero porque su dignidad le permitió eso.
Pero sigue siendo un CIUDADANO COLOMBIANO y ni siquiera él está por encima de las normas en un estado de derecho.
Que él haya abusado de esa medida que se le permitió más flexible, es distinto y que la misma se tomó precisamente con el objetivo de que el NO PUDIERA INTERFERIR CON LAS PRUEBAS O EL DESARROLLO DEL PROCESO y que le quedaba muy fácil hacerlo como gobernador en ejercicio, ya que es el administrador del mismo archivo donde esta el contrato cuestionado.
Mejor dicho, si estuviera acusado por homicidio no se le hubiera dado esa gabela o facilidad.” Puntualiza el afamado abogado consultado y quien prefiere no revelar su nombre por el mismo nivel de cercanía que tiene con el Gobernador.
Y es que justamente es lo que parece que Aníbal Gaviria está haciendo: interfiriendo. Se supone que está suspendido de sus funciones, pero tiene una libre comunicación y contacto con su equipo de gobierno, pudiendo dictar la línea, pudiendo decir qué hacer y pudiendo, igualmente, dar órdenes que firman otros.
Con esa capacidad de contacto permanente por vías de telecomunicaciones, redes sociales con interacción, telefónica, internet; además de recibir visitas de los miembros de su equipo, adeptos, amigos, compañeros de trabajo en la gobernación y empleados sin restricción alguna; pareciera que lo que está haciendo es “gobernando” o mejor “teletrabajando”, pese a estar en suspensión.
Si el espíritu de la medida dictada por la Fiscalía era separarlo de la sociedad y por ende de sus funciones públicas para que no interfiriera, ¿cómo se garantiza esto si tiene acceso a todas las herramientas de teletrabajo cuando, la misma ley no le permite eso? ¿Ha tramitado el gobernador algún permiso especial para el uso de esas comunicaciones? ¿Hay registro por parte del INPEC de las visitas que recibe en su residencia? ¿Se han tramitado como debe ser ante la ley, todas las visitas?.
Es que el señor Gaviria está preso y la diferencia es que no fue llevado a la cárcel sino a su casa y esta es convertida como prisión y bajo este “centro de reclusión” debe cumplir con las normas establecidas.
La norma es clara: “(…) el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá realizar todas las acciones necesarios para evitar que se establezcan comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos, tales como bloquear y/o inhibir aquellas comunicaciones soportadas en servicios móviles, satelitales, u otros sistemas de comunicación inalámbrica y en general de radiocomunicaciones, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la utilización de medidas tecnológicas o constructivas que eviten comunicaciones no autorizadas. En todo caso, el Inpec deberá adoptar todas las medidas técnicas dirigidas a evitar la afectación del servicio en las áreas exteriores al establecimiento penitenciario o carcelario.
Adicionalmente, cuando el Inpec detecte comunicaciones no autorizadas al interior de los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios, solicitará a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones el bloqueo de los terminales móviles involucrados en dichas comunicaciones.
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec atenuarán las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y/o carcelarios.
Para tal efecto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y el Inpec deberán intercambiar toda la información pertinente y relevante.” Así lo dice la norma.
Entonces, ¿qué está haciendo el INPEC para controlar esta situación?. Al momento no hay una respuesta al respecto.
Durante la audiencia en la que la Corte Suprema de Justicia, respaldó a la Fiscalía en su proceder, hay algo que pocos vivieron y que no se conoce abiertamente y que llevó a la Alta Corte a no aceptar los argumentos de la defensa del Gobernador: la presentación de pruebas de reuniones en casa de Gaviria con personas que tienen algún nivel de influencia en los hechos de la investigación y que no eran sus abogados.
Es que el Gobernador ha sido visitado por alcaldes, concejales y personas que, eventualmente, pueden generar algún nivel de interferencia. El cuestionamiento que quedó en el aire es si aún estando “preso”, ya da indicios de posible interferencia, ¿cómo sería si estuviera defendiéndose en libertad?
Estoy de acuerdo con lo dicho por el Gobernador Gaviria en su intervención en La W Radio el viernes 17 de Julio, con respecto a que no es un peligro para la sociedad y no se va a fugar; pero no puedo estar de acuerdo con eso de que no interferirá con la investigación, en primer lugar, porque justo es el motivo por lo que la fiscalía y la Corte Suprema lo tienen separado de la sociedad con la medida privativa de la libertad y segundo, porque la violación de las normas a la restricción de sus derechos al utilizar medios sociales, de comunicación, régimen de visitas y privilegios que no tienen ninguna otra persona en su condición; demuestran que no es su voluntad acatar las normas, lo que deja en duda si podrá acatar el no interferir efectivamente.
Respeto y admiro al Gobernador Gaviria, le reconozco las buenas obras que ha logrado, pero es que nada de eso tiene que ver con lo que aquí expongo. Se que me arriesgo a que tantos amigos que tengo trabajando en su administración, a que muchos de sus amigos me retiren sus afectos, me matriculen en la oposición a la que no pertenezco o incluso a que busquen desacreditarme, pero mis preguntas la respaldan los hechos.
Invito al Gobernador a que permita que su equipo de defensa sea quien realmente conduzca su litigio y respete las normas, que no abuse de su posición de Gobernador para hacer uso de privilegios que no le corresponde a ningún ciudadano en aras del respeto a los miles de personas presas que, por no ser gobernadores, no tienen la misma posibilidad. En resumen. Que de ejemplo como mandatario y actúe en consecuencia, sin hacer espectáculos mediáticos que pueden ser, además, malentendidos como presión mediática indebida.
Para defenderlo no solo tiene a su equipo de gobierno, sus amigos, empresarios y todos lo que hacen velatones, vallas y camisetas. Tranquilo gobernador que, si nada debe, la justicia lo respaldará.
