La reciente operación ejecutada por Estados Unidos en Caracas ha reconfigurado el debate regional sobre soberanía, legalidad internacional y restauración democrática. Más allá del impacto inmediato, el episodio obliga a un análisis sereno sobre su marco jurídico, su lógica operativa y su significado político, especialmente en un país que arrastra más de una década de deterioro institucional, crisis humanitaria y ruptura del orden constitucional. Lejos de una intervención clásica o de un “cambio de régimen” impuesto, la acción plantea interrogantes de fondo sobre los límites de la inacción internacional frente a crímenes transnacionales y la defensa efectiva de mandatos populares desconocidos.
Responsabilidad penal individual y no acción contra el Estado
Uno de los elementos centrales de la operación es su sustento jurídico. A diferencia de intervenciones militares tradicionales, el argumento que la respalda no se construye contra Venezuela como Estado, sino contra individuos específicos señalados por delitos graves de alcance transnacional. Durante años, distintas instancias judiciales de Estados Unidos han documentado acusaciones contra altos funcionarios del régimen venezolano por narcotráfico, terrorismo, corrupción sistémica y violaciones masivas de derechos humanos.
El hecho de que varias de estas causas se encuentren radicadas en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más activas en la persecución del crimen organizado internacional, refuerza la tesis de que se trata de procesos judiciales individualizados. En ese marco, la operación no se presenta como una agresión a la soberanía venezolana, sino como la ejecución de acciones orientadas a hacer efectivas responsabilidades penales personales. Esta distinción no es menor, porque desplaza el debate del terreno geopolítico al ámbito del Estado de derecho internacional y de la justicia penal transnacional.
Desde esta perspectiva, la narrativa de “agresión imperial” pierde fuerza frente a un enfoque que subraya la existencia de imputaciones concretas, acumuladas durante años, y de una arquitectura legal previa. La acción no surge de una decisión improvisada, sino de un largo proceso de judicialización de conductas que exceden las fronteras nacionales y afectan directamente a otros Estados.
Una operación quirúrgica y el cálculo para evitar el caos
El diseño operativo de la acción también ofrece claves relevantes para su interpretación. La ejecución en horas de la madrugada de ayer, respondió a una lógica orientada a minimizar el riesgo para la población civil y evitar escenarios de violencia generalizada. A diferencia de otros episodios históricos en la región, no se registraron enfrentamientos masivos en las calles de Caracas ni levantamientos armados coordinados en otras ciudades del país.
Este dato resulta particularmente significativo si se tiene en cuenta la existencia de colectivos armados y estructuras paraestatales que, en otros contextos, han actuado como fuerzas de choque del régimen. La ausencia de una respuesta violenta extendida sugiere que la operación fue altamente focalizada, con objetivos precisos y un control estricto del uso de la fuerza.
Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, la reducción de daños colaterales y la protección de civiles constituyen criterios fundamentales de legitimidad. El hecho de que no se haya producido un escenario de guerra urbana ni una escalada incontrolable refuerza la idea de una intervención diseñada para evitar el colapso interno y el aumento del sufrimiento de una población ya golpeada por años de crisis económica y social.
El agotamiento del diálogo como punto de quiebre
Otro elemento clave para entender la lógica de la operación es el prolongado fracaso de las vías diplomáticas. Durante años, Estados Unidos y otros actores de la comunidad internacional impulsaron múltiples procesos de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Hubo acuerdos electorales, mesas de diálogo político, alivios condicionados de sanciones y canales diplomáticos abiertos de manera recurrente.
Sin embargo, el patrón fue consistente, incumplimientos reiterados, dilaciones estratégicas y utilización del diálogo como mecanismo para ganar tiempo sin modificar las prácticas de fondo. En términos estratégicos, este escenario activa el principio del “último recurso”, ampliamente discutido en la doctrina internacional. Cuando todas las vías políticas han sido agotadas sin resultados verificables, la inacción deja de ser neutral y puede convertirse en una forma indirecta de complicidad frente a crímenes continuados.
En ese contexto, la operación aparece como el punto de quiebre de una estrategia basada exclusivamente en la negociación. No como una negación del diálogo en abstracto, sino como una respuesta a su uso sistemático como herramienta de bloqueo del cambio democrático.
No es un cambio de régimen, es la defensa de un mandato existente
Uno de los debates más sensibles gira en torno a la idea de “cambio de régimen”. Sin embargo, el análisis político del escenario venezolano obliga a introducir un matiz fundamental. No se trata de crear una nueva autoridad desde el exterior, sino de permitir la materialización de un mandato popular ya expresado en las urnas.
En el escenario actual, existe un presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia, acompañado por una vicepresidenta legítima, María Corina Machado, y una oposición que ha construido un plan estructurado de transición democrática. La disputa central no es quién debe gobernar, sino cómo garantizar que ese mandato pueda ejercerse sin represalias, persecución o colapso institucional.
Desde esta óptica, la acción de Estados Unidos no sustituye la soberanía venezolana, sino que busca crear condiciones mínimas de seguridad para que la voluntad popular pueda traducirse en gobierno efectivo. El foco no está en imponer un proyecto político, sino en proteger un orden democrático previamente decidido por los propios venezolanos y bloqueado por un aparato de poder que desconoció los resultados electorales.
Impactos políticos y el vacío de poder
La operación abre inevitablemente un escenario de transición cargado de desafíos. La salida forzada o captura de figuras centrales del régimen genera un vacío de poder que debe ser administrado con rapidez y legitimidad para evitar fracturas internas, disputas armadas o desbordamientos sociales. En este punto, el rol de las instituciones venezolanas, así como de actores internacionales, será determinante.
La legitimidad del liderazgo opositor y su capacidad para ofrecer estabilidad, garantías y un horizonte de reconstrucción serán factores clave para contener la incertidumbre. La experiencia comparada en otros países muestra que la fase posterior a la caída de un régimen autoritario es tan crítica como el momento de su salida, especialmente cuando existen estructuras armadas irregulares y economías ilícitas profundamente arraigadas.
El hecho que Trump no entregue el poder ya a Edmundo González y María Corona Machado y prefiera administrar Venezuela temporalmente, está justificado ante la falta de estabilidad local en el poder con un ejército aún afecto a Maduro y los suyos que no respaldan al presidente legítimamente electo, por lo que se necesita acordar los términos de la salida y rendición del régimen sin descartar una confrontación al anunciar la segunda ola armada de ser necesario o el diálogo directo sobre el que insistió Delcy Rodríguez y que ya ha comenzado a darse en las conversaciones con Marco Rubio.
Implicaciones económicas y sociales
En el plano económico, el impacto potencial es significativo. La expectativa de una transición democrática abre la puerta a la normalización de relaciones financieras, al levantamiento gradual de sanciones y a la reactivación de flujos de inversión. Sin embargo, estos procesos no son automáticos y dependen de señales claras de estabilidad política, seguridad jurídica y compromiso con reformas estructurales.
Para los habitantes de Venezuela, el escenario combina esperanza e incertidumbre. La posibilidad de una salida al estancamiento político se cruza con el temor a nuevas disrupciones en un país que ha vivido años de escasez, migración masiva y deterioro de los servicios básicos. La gestión del corto plazo será crucial para evitar que el alivio político se vea opacado por crisis humanitarias adicionales.
Repercusiones regionales
A nivel regional, la operación tiene efectos que trascienden las fronteras venezolanas. Países vecinos, especialmente aquellos que han recibido millones de migrantes, observan con atención un posible punto de inflexión que podría alterar dinámicas migratorias, de seguridad y económicas. Al mismo tiempo, el episodio reaviva el debate sobre los límites de la soberanía y la responsabilidad internacional frente a regímenes acusados de crímenes transnacionales.
Para Gustavo Petro, Presidente de Colombia, se convierte en un aviso y una amenaza directa, pues Trump fue directo en acusar a Petro de tener “fábricas de coca” y le sugirió “cuidar su trasero” en medio de la rueda de prensa de ayer. Esta advertencia lo deja en una posición de observador y a la espera de lo que sobre él, digan Maduro y Flórez. Así Petro entra en un período de observación en la recta final de su gobierno y, tal vez a la espera de que deje de ser presidente para proceder en su contra.
Una acción que busca restaurar, no redefinir
En balance, la operación de Estados Unidos en Caracas no redefine la soberanía venezolana; apunta a restituirla. No se presenta como una ocupación, ni como una guerra, ni como una imposición política externa. Su justificación se ancla en años de procesos judiciales, en el fracaso deliberado del diálogo y en la existencia previa de una alternativa democrática legítima.
El mensaje que se desprende es claro. La comunidad internacional no está creando un nuevo orden en Venezuela, sino intentando proteger el que los venezolanos ya eligieron. El desafío, a partir de ahora, será convertir esa protección en una transición estable, democrática y sostenible, capaz de cerrar uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de la región.
