La decisión del gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30% a los productos colombianos que cruzan la frontera común no es un episodio aislado ni una simple medida comercial. Se trata de un movimiento que combina economía, seguridad y geopolítica, y que ocurre en un momento particularmente sensible para las relaciones entre Colombia, Estados Unidos y sus aliados regionales. La respuesta de Bogotá, al suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador e imponer igual arancel a productos ecuatorianos, confirma que el conflicto ha escalado rápidamente hacia un terreno diplomático y estratégico de mayor calado.
El anuncio ecuatoriano se produjo en un escenario simbólico, el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, el presidente Daniel Noboa, acompañado del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó la medida arancelaria señalando la supuesta falta de cooperación del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales que operan en la frontera. El mensaje enviado por la red social X, no solo apuntó a una queja bilateral, sino que se alineó con un discurso que Washington ha sostenido de manera reiterada frente al gobierno de Gustavo Petro.
El argumento de la seguridad y el narcotráfico como eje del conflicto
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. El avance del narcotráfico, las disputas entre bandas criminales y la penetración de economías ilegales han llevado al país a registrar niveles de violencia extrema. En ese contexto, el gobierno de Noboa ha buscado posicionarse como un aliado firme de Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional del narcotráfico, reforzando su cooperación militar, policial y de inteligencia.
Desde esa perspectiva, la acusación contra Colombia no es menor. Noboa sostiene que Ecuador está librando una batalla en solitario contra estructuras criminales que se mueven con facilidad a ambos lados de la frontera, mientras que el gobierno colombiano, según su versión, no estaría actuando con la misma determinación frente a grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Esta narrativa coincide con las críticas que el gobierno estadounidense ha formulado contra la política de “paz total” impulsada por Petro, a la que consideran ambigua frente al narcotráfico y los señalamientos contra Petro de proteger y ser cómplice de grupos del narcotráfico.
La reacción colombiana y el frente energético
La respuesta del gobierno colombiano fue inmediata y contundente, la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, justificó la decisión en términos de soberanía energética y prevención ante un eventual fenómeno de El Niño. Sin embargo, el momento y el contexto dejan claro que se trata también de una medida de presión política y económica de respuesta a la decisión de los aranceles ecuatorianos.
Ecuador es estructuralmente vulnerable en materia energética. Su sistema depende en buena medida de la generación hidroeléctrica, altamente sensible a las condiciones climáticas, y de importaciones puntuales desde Colombia para cubrir picos de demanda. La interrupción de ese suministro coloca a Quito en una posición incómoda, obligándolo a recurrir a fuentes más costosas o a racionamientos, con impactos directos sobre la industria y el consumo interno. Actualmente, Colombia provee entre el 8% y el 12% de la energía eléctrica que necesita Ecuador.
Para Colombia, en cambio, la suspensión no representa un riesgo inmediato significativo, aunque sí implica perder ingresos por exportaciones energéticas. En este punto, el gobierno colombiano utiliza una ventaja relativa para responder a un golpe comercial que afecta directamente a su sector exportador, además de imponer el mismo porcentaje de aranceles a una treintena de productos ecuatorianos. Noboa ha enfatizado que la balanza comercial entre los dos países tiene un déficit de mil millones de dólares.
Impacto económico bilateral
El arancel del 30% impuesto por Ecuador encarece de manera sustancial los productos colombianos en ese mercado. A esto se suma un factor adicional, que corresponde a la apreciación del peso colombiano, que se ha revaluado cerca de un 17% en los últimos meses. La combinación de ambos elementos implica que los bienes colombianos pueden llegar a encarecerse hasta en un 50% para los consumidores ecuatorianos, mientras que para los consumidores ecuatorianos sería del 30% efectivo, pues su economía está dolarizada.
Este impacto, en Colombia, golpea especialmente a sectores como alimentos procesados, productos agroindustriales, manufacturas ligeras y bienes de consumo que tradicionalmente han tenido una fuerte presencia en el mercado ecuatoriano. Para las empresas colombianas, el arancel reduce competitividad, márgenes de ganancia y, en algunos casos, viabilidad de exportar.
Ecuador, por su parte, también enfrenta consecuencias. El encarecimiento de productos importados desde Colombia presiona la inflación interna, afecta cadenas productivas que dependen de insumos colombianos y puede generar desabastecimientos puntuales en zonas fronterizas. En una economía ya tensionada por la inseguridad y la desaceleración, el costo social de la medida no es despreciable.
Estados Unidos y la presión indirecta
El contexto internacional es clave para entender esta escalada. La cercanía de Daniel Noboa con la administración estadounidense y su presencia junto a Marco Rubio en Davos refuerzan la percepción de que Ecuador actúa en sintonía con los intereses de Washington. La política comercial punitiva, presentada como una “tasa de seguridad”, recuerda las estrategias de presión que Estados Unidos ha utilizado históricamente frente a gobiernos que considera poco cooperativos en materia de narcotráfico y seguridad regional.
En ese sentido, Ecuador se convierte en un actor funcional a una presión indirecta sobre Colombia. La medida arancelaria no solo castiga económicamente a Bogotá, sino que envía un mensaje político en vísperas de la reunión prevista entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en Washington. El timing no parece casual y se trataría de aumentar el costo regional de las decisiones del gobierno colombiano y de aislarlo diplomáticamente.
Así las cosas, las decisiones ecuatorianas no responderían a una posición voluntaria y directa, sino a una línea entregada por los Estados Unidos, probablemente, desde la Secretaría de Estado, para poder presionar en el juego diplomático a Petro, días antes de la reunión que sostendrá con Donald Trump, en un ambiente en donde esta nueva situación se convertiría en un nuevo argumento a ser utilizado.
Petro bajo escrutinio internacional
Y es que el presidente Gustavo Petro enfrenta un escenario internacional complejo. Su política frente al narcotráfico, basada en la reducción de la persecución a pequeños cultivadores y en la negociación con grupos armados narcoterroristas, ha sido recibida con escepticismo por Estados Unidos. Las críticas se intensificaron tras la captura de Nicolás Maduro, episodio que reconfiguró el tablero regional y elevó la presión sobre gobiernos percibidos como cercanos o complacientes con regímenes y estructuras criminales de narcotráfico.
Las declaraciones públicas de Trump, advirtiendo a Petro que “se cuidara el trasero”, marcaron un punto de inflexión. Desde entonces, el discurso del presidente colombiano hacia Estados Unidos ha bajado notablemente de tono. La escalada con Ecuador, en este contexto, aparece como una extensión de ese cerco político y diplomático.
Gustavo Petro está en una débil posición internacional y en la mira del gobierno y la justicia norteamericana, al punto que ha sido vinculado en la lista Clinton de la OFAC, lo que lo marca como «persona de interés» cuya visa ha sido cancelada, sus finanzas congeladas en Estados Unidos y el mundo y sus relaciones comerciales, crediticias y bancarias limitadas. En la lista de la OFAC, están personas naturales y jurídicas de todo el mundo que están vinculadas con grupos narcotraficantes y terroristas.
Así las cosas, el que Petro sea nuevamente protagonista de esta disputa contra Ecuador, uno de los mejores aliados en Suramérica de los Estados Unidos en la actualidad, solo sugiere que hay un plan que sigue la línea norteamericana para terminar de debilitar la retórica de Petro.
Riesgos de una escalada prolongada
La confrontación comercial y energética entre Colombia y Ecuador entraña riesgos significativos. Una prolongación del conflicto podría derivar en represalias adicionales, afectando no solo el comercio bilateral, sino también la cooperación fronteriza en materia de seguridad, migración y control del crimen organizado. Paradójicamente, una ruptura de canales de diálogo puede facilitar el accionar de los grupos ilegales que ambos gobiernos dicen combatir.
Además, la utilización de medidas económicas como instrumentos de presión política debilita los mecanismos regionales de integración y resolución de conflictos. En una región marcada por tensiones internas y desafíos compartidos, la fragmentación solo agrava la vulnerabilidad colectiva.
Los analistas coinciden en que esta situación no se sostiene en el tiempo, pues pronto el presidente Gustavo Petro dejará el Gobierno y el nuevo presidente marcará su política internacional y de relaciones con Ecuador. No obstante, señalan que esta situación sí puede ser utilizada políticamente, dentro del escenario electoral vigente en Colombia.
Un conflicto que trasciende lo comercial
Lo que hoy se presenta como una guerra comercial entre Colombia y Ecuador es, en realidad, la manifestación de un choque más amplio sobre modelos de seguridad, alineamientos internacionales y liderazgo regional. Ecuador se posiciona como socio estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, mientras Colombia atraviesa un momento de ambigüedad frente a esa agenda, según la percepción de Washington y sus aliados.
El impacto económico es inmediato y medible; el impacto político y geopolítico, en cambio, se desplegará en el mediano plazo. La disputa deja claro que, en el escenario actual, el comercio, la energía y la seguridad están profundamente entrelazados. Para Colombia y Ecuador, la resolución de este conflicto requerirá algo más que ajustes arancelarios; exigirá redefinir prioridades, reconstruir confianza y comprender que la confrontación prolongada puede resultar más costosa que cualquier concesión negociada.
