La democracia colombiana atraviesa un momento de confusión conceptual que no es menor ni superficial. En medio del gobierno del presidente Gustavo Petro, y con el país ya instalado mentalmente en el debate sobre lo que serán los próximos cuatro años, se ha ido desvirtuando uno de los pilares esenciales del sistema democrático, como lo es el papel central del Congreso de la República como expresión real de la soberanía popular. El ruido político, mediático y digital se ha concentrado casi exclusivamente en las consultas presidenciales, mientras el verdadero escenario donde se ejerce y se defiende la democracia queda relegado a un segundo plano.
Colombia es una democracia constitucional basada en el diálogo político, en la separación de poderes y en la representación plural. Así lo consagra su Constitución. Sin embargo, la narrativa dominante parece reducir la democracia a una competencia anticipada por la Presidencia, como si el destino institucional del país dependiera únicamente de quién ocupe la Casa de Nariño. Esa visión no solo es incompleta, sino que es peligrosa.
La ilusión presidencialista y la pérdida de perspectiva democrática
Desde hace meses, el debate público se ha polarizado alrededor de los modelos ideológicos que representan Gustavo Petro y sus contradictores. De un lado, un proyecto de izquierda que muchos califican como de inspiración comunista o estatista; del otro, una constelación de fuerzas que se autodefinen como democráticas, liberales, de centro o de derecha. En medio de esa confrontación, las consultas, tanto la de la llamada “gran consulta por la democracia” de la centroderecha como la del frente amplio de centroizquierda; se han convertido en el eje casi exclusivo del debate político.
El problema no es que existan consultas. Son un mecanismo legítimo. El problema es que se les ha otorgado un peso simbólico y estratégico que no corresponde con su verdadero lugar dentro del sistema democrático. Se discute quién ganará la consulta, quién llegará fortalecido a primera vuelta, quién podría pasar a segunda, cuando la elección presidencial es posterior a la elección del Congreso y, más aún, depende en gran medida de ella.
La democracia no se agota en la elección de un presidente. Tampoco se construye únicamente desde el Ejecutivo. La democracia se ejerce, se equilibra y se defiende desde el Congreso, donde confluyen las voces diversas del país, donde se legisla, se controla al Gobierno y se garantiza la separación de poderes.
El Congreso como corazón del sistema democrático
Desde una perspectiva institucional, lo que define la salud de una democracia no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna y con qué contrapesos. El Congreso es el órgano que traduce la voluntad popular en leyes, que representa a las regiones, a las minorías, a los sectores sociales que no siempre tienen acceso directo al poder ejecutivo.
Sin Congreso no hay representación real. Sin Congreso no hay voz para quienes no la tienen. Sin Congreso no hay control político ni equilibrio institucional. Un presidente, por fuerte que sea electoralmente, queda limitado o peligrosamente desbordado, si enfrenta un Congreso débil, cooptado o deslegitimado.
Sin embargo, a poco más de un mes de las elecciones legislativas, el país político, los medios de comunicación, los influenciadores y las redes sociales parecen actuar como si el Congreso fuera un trámite secundario. Los nombres de quienes aspiran al Senado o a la Cámara de Representantes apenas aparecen en el debate público. Sus hojas de vida, propuestas, trayectorias y visiones del país son prácticamente invisibles frente al protagonismo absoluto de los precandidatos presidenciales.
Una ceguera democrática inducida
Esta desproporción no es casual. Parte de ella se explica por una distorsión estructural del calendario electoral, dada por el hecho, de que las consultas presidenciales se realicen el mismo día de las elecciones al Congreso. Esa coincidencia termina eclipsando la discusión legislativa y arrastra la atención ciudadana hacia una disputa que, aunque importante, no es la más inmediata ni la más determinante para la gobernabilidad.
El resultado es una suerte de ceguera democrática. Se discute con vehemencia sobre consultas, alianzas y posibles fórmulas presidenciales, mientras se ignora quiénes serán los encargados de legislar durante los próximos cuatro años. Se habla de modelos de país, pero no de las mayorías parlamentarias que harán posible o imposible, cualquier reforma. No se habla caso de candidatos al congreso, sus hojas de vida ni sus propuestas.
Desde el punto de vista del análisis político, esto es un error grave. La democracia no se constituye en las consultas, sino en el Parlamento. No se salvaguarda buscando únicamente un presidente “correcto”, sino garantizando que el Congreso sea fuerte, plural, ético y representativo.
Qué ocurre con un mal Congreso
Un Congreso débil, desinformado o capturado por intereses particulares tiene consecuencias profundas. En primer lugar, erosiona la calidad de la legislación. Las leyes se vuelven improvisadas, mal diseñadas o subordinadas a coyunturas políticas. En segundo lugar, se debilita el control político, permitiendo abusos de poder desde el Ejecutivo, independientemente de su signo ideológico.
Además, un mal Congreso fractura la representación territorial. Las regiones pierden voz, las agendas locales quedan subordinadas a intereses centrales y se profundiza la desconexión entre ciudadanía e instituciones. En ese escenario, la frustración social crece y la democracia pierde legitimidad.
No es casual que muchos de los problemas estructurales de Colombia, desde la desconfianza en la política hasta la percepción de corrupción, tengan raíces en la debilidad del sistema de representación legislativa.
Las ventajas de un buen Congreso
Por el contrario, un Congreso sólido es la mayor garantía de estabilidad democrática. Un buen Congreso equilibra al presidente, modera los impulsos autoritarios, corrige errores de política pública y canaliza el conflicto social por vías institucionales. Es allí donde se construyen consensos, se negocian diferencias y se evita que el país caiga en salidas extremas.
Un presidente fuerte, pero sin Congreso, gobierna a medias o gobierna por decreto, tensionando la institucionalidad. Un presidente con un Congreso robusto, incluso adverso, se ve obligado a dialogar, a ceder y a construir acuerdos. Esa es la esencia de la democracia. El parlamento, es el escenario del diálogo nacional, de las discusiones constructivas y del intercambio de ideas para un mejor futuro.
Por eso, la pregunta clave no debería ser únicamente quién ganará la consulta de centroderecha o de centroizquierda, sino qué tipo de Congreso tendrá Colombia para enfrentar los desafíos económicos, sociales y de seguridad que se avecinan.
El llamado a reordenar el debate público
Colombia necesita retomar el rumbo en su discusión democrática. Es urgente que los medios, los líderes de opinión y los formadores de agenda reequilibren la conversación pública. Informar a la ciudadanía sobre quiénes aspiran al Congreso, qué proponen, qué representan y a quién responden no es un asunto menor, es una responsabilidad democrática.
La madurez política que el país dice tener debe reflejarse en la capacidad de entender que la democracia no es un juego de personalidades presidenciales, sino un sistema complejo que va de lo local a lo nacional, de las regiones al centro, de la ciudadanía al Estado.
Pensar menos en la consulta, sin desconocer su importancia, y más en la composición del Congreso; no es restarle valor a la elección presidencial. Es, por el contrario, fortalecerla. Porque, al final, de poco sirve elegir un presidente si no existe un Congreso capaz de representar al país, legislar con responsabilidad y defender la separación de poderes.
En un momento crucial para Colombia, insistir únicamente en las consultas es mirar el árbol y perder de vista el bosque. La democracia no se sostiene en un nombre propio, sino en instituciones fuertes. Y la más representativa de todas sigue siendo el Congreso de la República.
